El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que a pesar de que no fue legalmente notificado de la sentencia que lo condenó, no puede recurrir respecto de la sentencia interlocutoria que desestimó el incidente de nulidad procesal que promovió por habérsele notificado el fallo de fondo en un domicilio que no es el suyo.

Un régimen demasiado amplio de apelaciones incidentales en pleitos de este género retardaría en demasía la duración del proceso, sin olvidar que el juicio de partición está llamado por naturaleza a ser breve, atributo que se asocia sin esfuerzo a la noción de “racional y justo”.

La norma legal impugnada produce resultados contrarios a la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al debido proceso, al derecho de propiedad y al contenido esenciales de los derechos que se denuncian infringidos, sostiene la requirente.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y el principio de seguridad jurídica, desde que a pesar de que el máximo Tribunal incurrió en faltas y abusos graves, la norma objetada le impide recurrir en contra de la sentencia dictada en alzada.

La requirente alega que los preceptos legales objetados infringen la igual repartición de los tributos, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que debe pagar un tributo como consecuencia de que la DGA no ha tramitado el traslado de su derecho aprovechamiento de aguas solicitado hace más de 6 años.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la libertad de emitir opinión e informar y la libertad de trabajo, desde que, se le impide ejercer en su calidad de abogado la función de control legal, en cuanto si denuncia a una clienta por la comisión de un delito, se pueden ejercer acciones privadas en su contra.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que a pesar que ante el tribunal de primera instancia acreditó la ocupación legal del inmueble, la Corte de Apelaciones y el máximo Tribunal resolvieron que debe restituirlo por carecer de título, por lo que de no declararse inaplicable la normativa impugnada la reposición que interpuso en contra de la sentencia que rechazó el recurso de casación en el fondo se va rechazar indefectiblemente.

El requirente alega la norma objetada impide el adecuado ejercicio de su derecho a defensa judicial, al restarle, de manera absoluta, el valor probatorio a las declaraciones de testigos presenciales de los hechos, lo que además supone negarle el derecho a aportar pruebas, en contravención, asimismo, de la igualdad ante la ley.

La requirente alega que la norma objetada infringe la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y los principios de proporcionalidad, non bis in ídem y de presunción de inocencia, desde que a pesar de que fue sobreseída definitivamente la causa seguida en su contra por haber acompañado en la oficina de títulos de la Corte Suprema un certificado de concentración de notas irregular, el Pleno rechazó recibir su juramento de Abogada.

La requirente alega que el precepto legal objetado infringe el debido proceso y la tutela judicial efectiva, desde que impide anular los actos viciados y que se retrotraiga el proceso a una etapa anterior al cierre de la investigación en la que pueda presentar una nueva querella o adherir a la acusación fiscal menoscabándose sus derechos como la víctima.