El artículo 14 de la Ley N°21.254 establece el deber de consulta de la AFP a sus afiliados por la eventual existencia de deudas alimenticias y la obligación de suspender la tramitación del retiro en caso de deudas, por lo que no suspender el retiro de fondos constituye una omisión ilegal y arbitraria, que afecta las garantías constitucionales de los alimentarios.
Al retener estos montos, la recurrida infringió lo estatuido en la Ley 21.248, que prescribe explícitamente que los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal.
La disminución de los fondos se produjo por el retiro del 10% de los fondos previsionales.
Las alegaciones deben efectuarse ante el Juzgado de Familia respectivo.
Reforma la Constitución para que los afiliados puedan retirar de manera excepcional un 10% de los fondos de pensiones de sus cuentas individuales, con un tope de 150 unidades de fomento.
El pago en la cuenta de ahorro bancaria informada por la actora fue rechazado.
La actora cobró la totalidad de los montos pendientes luego de interponer la acción.
“El agolpamiento en los tribunales con competencia en familia solicitando retenciones de pensiones de alimentos a raíz del retiro del 10% de los fondos de las AFP, puso en evidencia un problema latente de largo arrastre en nuestro país: la falta de satisfacción efectiva de las deudas de este tipo”, plantea el informe.
Se requieren cambios al sistema a fin de aminorar los efectos que la política pública implementada en razón de la COVID-9 puede tener a largo plazo en la población.
La gestión pendiente incide en proceso de cumplimiento de alimentos de que conoce el Juzgado de Familia de Puente Alto.
El ente contralor adujo que dicha información solo puede ser utilizada para fines estrictamente institucionales.
