La medida adoptada, según el juez de primera instancia, de instalar la cámara de vídeo «fue idónea y necesaria. Fue adecuada a la finalidad pretendida. La cámara se instalo días previos al despido, 4 o 5 días antes de que se grabasen los hechos, por lo que no estuvo instalada por un largo periodo de tiempo. Y se colocó en una estancia en la que habitualmente no hay nadie o no permanece nadie, nada más que para depositar o retirar material».

El requerido junto a otros coimputados robaron más de 13 millones de pesos colombianos a la víctima, quien se vio forzada a acudir a un banco a retirar dinero junto con el acusado para evitar “mayores consecuencias”. El acusado se allanó a la extradición, y la entrega se hará de forma diferida, una vez que el encartado sea absuelto o cumpla una eventual condena por un delito de robo con intimidación, que actualmente lo mantiene en prisión preventiva.

Para el pleno de ministros, las principales observaciones al proyecto de ley, corresponden al procedimiento que le permite a las entidades emisoras comparecer ante el Juez de Policía Local a solicitar la suspensión de la obligación de cancelar los cargos y/o restituir de fondos, cuando existen fundadas sospechas de dolo de parte del usuario que desconoce una transacción, sin importar el monto de esta.

PDI obtuvo la mejor nota de evaluación en materia de seguridad pública, a diferencia del Congreso que fue el peor evaluado por los entrevistados.

El texto, que contiene una serie de medidas para prevenir el ilícito, se enmarca entre los proyectos priorizados de la Agenda de Seguridad.

El Tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia recurrida. Es dable establecer certeramente que el actor ha visto mancillado su honor y honra, toda vez que se le imputó haber sustraído especies desde el local comercial de la demandada, lo que no se verificó, fue una imputación falsa; y no solo eso, sino que peor aún, los guardias propinaron golpes al actor, ocasionándole lesiones leves.

La acusada ingresó junto a otro coimputado al inmueble y sustrajeron diversas especies, siendo sorprendidos por Carabineros mientras huían del lugar. Pese a encontrarse el delito frustrado, los jueces sancionaron a la imputada como si el delito se hubiera consumado, por aplicación del artículo 450 del Código Penal. No se le puede reconocer la atenuante de colaboración sustancial al ser sorprendida en flagrancia.

El Tribunal de alzada revocó la acción que rechazó la demanda contra la empresa de radiotaxis por falta de legitimación activa y acogió la indemnización.

El acusado y otros coimputados fueron sorprendidos en la vía pública en la comuna de Lautaro, sin portar salvoconducto, y al ser controlados les fueron incautadas especies que acababan de sustraer desde una casa y un colegio cercanos.

Para esclarecer la participación de la imputada en el atraco, fueron fundamentales las escuchas telefónicas autorizadas en otro juicio que daban cuenta del asalto y robo del auto, hecho que alertó a la policía, que finalmente detuvo a la acusada conduciendo el vehículo robado sin sus placas patentes.