Cuando existen motivos fundados para creer que una persona enfrenta un riesgo real de sufrir la pena capital, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en el país de destino, el Estado contratante tiene la obligación de no expulsar a esa persona. En este caso, los hombres se enfrentaban a un riesgo extremadamente alto de ser condenados a muerte.

El demandante no probó debidamente que existieran motivos serios y probados para creer que si fuera devuelto a Rusia correría un riesgo real y presente de ser sometido a un trato contrario al artículo 3 del Convenio esto es, prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes. Así, la ejecución de la medida de expulsión respecto del demandante no violaría, en las circunstancias del presente caso, esas garantías.

Los jueces de la CIJ sostuvieron que Rusia violó el tratado al no investigar adecuadamente acusaciones creíbles de envío de fondos desde Rusia a Ucrania para posiblemente financiar actividades terroristas. Aunque se ordenó a Rusia que llevara a cabo investigaciones sobre tales acusaciones, se rechazó la solicitud de reparación presentada por Ucrania.

Rusia había ejercido el control efectivo de la zona. Por lo tanto, los asuntos denunciados caen dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención. Cualquier privación de libertad debe tener una base jurídica en el derecho nacional y ser compatible con el Estado de derecho.

Los tribunales se limitaron a reproducir las conclusiones de la autoridad de registro sin proporcionar ningún análisis jurídico ni realizar una investigación judicial independiente. Así, los motivos para denegar el registro de la organización no fueron pertinentes ni suficientes. Por lo tanto, la interferencia en la libertad de asociación no había sido necesaria en una sociedad democrática.

La decisión del Tribunal se tomó en una audiencia cerrada a los medios de comunicación y ha sido objeto de críticas por parte de activistas LGBTQ. Estos sostienen que contradice las afirmaciones oficiales de que Rusia no discrimina a las personas LGBTQ y que les otorga derechos en igualdad de condiciones.

Frente al edificio de la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento ruso) y en la plaza Pushkin. Los tribunales nacionales no examinaron si la ubicación alternativa ofrecida habría permitido que la protesta tuviera un impacto significativo. Las autoridades deberían haber garantizado que cualquier ubicación alternativa permitiera que el evento se llevará a cabo dentro de la vista y el oído de su público objetivo.

El principio de instrucción en la lengua materna está lejos de ser la norma en los Estados europeos. No existe consenso sobre este punto. Para este Tribunal, los Estados tienen una amplia discreción (“margen de apreciación”) para fijar el idioma utilizado en las escuelas, y el Gobierno no se excedió en el caso concreto.

Se evidencia que el recurrente es un hombre de negocios influyente y que interviene en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. Por consiguiente, las sanciones impuestas incrementan el coste de las acciones de Rusia en Ucrania. Responden así a la voluntad de ejercer presión sobre las autoridades rusas para poner fin a sus acciones y políticas desestabilizadoras para Ucrania.

Las autoridades nacionales eran muy conscientes de los acontecimientos narrados, por lo que deberían haber previsto los riesgos, dadas las actitudes hostiles de sectores de la sociedad rusa hacia la comunidad LGBTI. Además, deberían haber aprobado las manifestaciones con antelación para contar con el tiempo necesario para implementar las medidas de seguridad necesarias.