La decisión del Tribunal se tomó en una audiencia cerrada a los medios de comunicación y ha sido objeto de críticas por parte de activistas LGBTQ. Estos sostienen que contradice las afirmaciones oficiales de que Rusia no discrimina a las personas LGBTQ y que les otorga derechos en igualdad de condiciones.

Frente al edificio de la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento ruso) y en la plaza Pushkin. Los tribunales nacionales no examinaron si la ubicación alternativa ofrecida habría permitido que la protesta tuviera un impacto significativo. Las autoridades deberían haber garantizado que cualquier ubicación alternativa permitiera que el evento se llevará a cabo dentro de la vista y el oído de su público objetivo.

El principio de instrucción en la lengua materna está lejos de ser la norma en los Estados europeos. No existe consenso sobre este punto. Para este Tribunal, los Estados tienen una amplia discreción (“margen de apreciación”) para fijar el idioma utilizado en las escuelas, y el Gobierno no se excedió en el caso concreto.

Se evidencia que el recurrente es un hombre de negocios influyente y que interviene en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. Por consiguiente, las sanciones impuestas incrementan el coste de las acciones de Rusia en Ucrania. Responden así a la voluntad de ejercer presión sobre las autoridades rusas para poner fin a sus acciones y políticas desestabilizadoras para Ucrania.

Las autoridades nacionales eran muy conscientes de los acontecimientos narrados, por lo que deberían haber previsto los riesgos, dadas las actitudes hostiles de sectores de la sociedad rusa hacia la comunidad LGBTI. Además, deberían haber aprobado las manifestaciones con antelación para contar con el tiempo necesario para implementar las medidas de seguridad necesarias.

La medida es considerada una represalia por la orden de arresto que la CPI emitió contra el presidente ruso Vladimir Putin y María Lvova-Belova, defensora de niños de Rusia, por la presunta comisión del crimen de guerra de deportación ilegal y traslado ilegal de población.

Si bien el hombre se declaró inocente de todos los cargos, el tribunal dictaminó su culpabilidad en virtud del artículo 243.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, por lo que le impuso una multa de 2,4 millones de rublos (unos 21 millones de pesos).

Las autoridades involucraron a los cosacos para asistir a la policía en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, con fondos especiales asignados al presupuesto regional. Así, hubo una relación directa entre el ataque de los cosacos y su deber de mantener el orden público. Por lo tanto, el Estado es responsable, independientemente de si los cosacos estuvieron oficialmente a su servicio o no.

El requisito de la buena conducta cívica se integra con el interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del «plus» que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los «actos favorables al administrado», un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda.

La legislación interna no contiene normas que rijan el alcance y la aplicación de medidas que impliquen el uso de tecnología de reconocimiento facial, así como la ausencia de salvaguardias fuertes contra el riesgo de abuso y arbitrariedad. En el caso concreto, las medidas tomadas contra el actor fueron particularmente intrusivas frente a lo que era su protesta pacífica.