Previo a la votación de la iniciativa, el grupo parlamentario recibió la visión del subsecretarito de Medioambiente, del presidente de laFundación Impulsa y representantes de la Junta de Vecinos de las comunas de Codegua y Mostazal.
La magistrada acogió la demanda de responsabilidad contractual entablada contra la clínica privada, tras establecer infracción a la lex artis en la intervención practicada a la demandante, quien presentaba un síndrome lumbociático derecho y, tras varias intervenciones, debió recurrir a otro centro asistencial.
De acuerdo al Minsal, a la fecha se encuentran contratadas (a honorarios y por Código del Trabajo) 14.250 personas, de las cuales 7.450 serán reubicadas dadas sus funciones.
El texto de la resolución llama a resolver con celeridad la situación de personas que han sufrido un retraso en sus tratamientos por la paralización que experimentaron las atenciones médicas producto de la crisis sanitaria.
El Minsal anunció que a fin de año se dictará 5° Decreto de la normativa, el que está retrasado del 2020. Éste financiaría tecnologías sanitarias de al menos dos problemas de salud de alto costo.
La jornada constitucional se vio marcada por un tenso ambiente de debate en torno a la libertad de elección del sistema de salud.
Es necesario que la primera línea de contacto, la responsable de la atención del núcleo familiar, realice una medicina integral, otorgando prioridad a las acciones de protección y fomento. En el área de atención pediátrica esto significa supervisión del crecimiento y desarrollo, prevención, observación y tratamiento oportuno de sus desviaciones.
La magistrada acogió la acción y le ordenó a la prestadora de salud privada indemnizar a la afiliada demandante por concepto de lucro cesante y daño emergente.
La Comisión de Salud se encuentra analizando la moción de los senadores Castro González, Chahuán, Flores, Macaya y Kast, que limita el ejercicio de estas intervenciones a médicos cirujanos acreditados que laboren en un centro médico debidamente equipado.
En la actualidad tienen una vigencia de tres años y la idea es reducir este plazo a un año para incorporar nuevas patologías de manera más seguida.
