La sola asignación de las casillas a los administrados, no resultan suficiente para que el acto de notificación resulte válido; por el contrario, será a partir de la autenticación del administrado – el registro de datos, correo electrónico, celular, la habilitación del usuario y contraseña -, que deberá entenderse como el consentimiento expreso del administrado para la notificación de actos administrativos.
La dirección tuvo que advertir al recurrente, de manera verbal y en reiteradas ocasiones, que su actitud en el aula y respecto del alumnado, así como su práctica docente, no eran las más acertadas, ya que se habían recibido numerosas quejas del alumnado en relación al trato desconsiderado e inadecuado a los mismos.
Dichas publicaciones no serían recomendaciones ni constituirían la opinión de ella con relación al servicio de apuestas, en tanto se trata de publicaciones destinadas a promover este servicio. En efecto, las habría realizado por encargo de una empresa, a cambio de una contraprestación monetaria.
El ex clérigo extremista fue detenido en 2005 junto a otras 16 personas por planear varios atentados en un partido de rugby y contra un reactor nuclear. Fue condenado a 15 años de prisión por terrorismo; y en 2020 el gobierno australiano revocó su ciudadanía, con el fin de expulsarlo del país cuando cumpla su condena.
Aunque con un ánimo educativo el banco invite a sus clientes a usar los canales digitales para que realicen operaciones bancarias, de forma rápida y sencilla, ello no puede implicar una restricción en el servicio a los clientes.
La sanción que corresponde imponer es la multa administrativa, que debe ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria. A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de la norma que indica que se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo.
La naturaleza de la infracción es muy grave puesto que acarrea una pérdida de disposición y control sobre el dato personal de su voz a una persona que ha sido víctima de un delito violento y contra la integridad sexual y que al difundir dicho dato personal existe un riesgo cierto de que pueda ser reconocida por terceros, con los graves daños y perjuicios que esto le ocasiona.
Al tratarse de una falta leve debe estarse al plazo de prescripción de un mes y no de dos años. El cómputo del plazo se inicia desde que la falta se hubiere cometido, de suerte que, al haber transcurrido más de un mes desde el último de los accesos indebidos al mencionado sistema informático, la infracción se encuentra prescrita.
El bien jurídico que se protege con la normativa aplicable, radica, en lo que a la realización de actividades privadas se refiere, en preservar no solo la necesaria objetividad e imparcialidad de dicho personal que puede quedar comprometida con el desempeño de actividades relacionadas con la función, sino en asegurar la dedicación que resulta exigible a los mismos en la normativa que regula su régimen jurídico.
La legislación interna no contiene normas que rijan el alcance y la aplicación de medidas que impliquen el uso de tecnología de reconocimiento facial, así como la ausencia de salvaguardias fuertes contra el riesgo de abuso y arbitrariedad. En el caso concreto, las medidas tomadas contra el actor fueron particularmente intrusivas frente a lo que era su protesta pacífica.
La requirente alega que la aplicación de esta norma vulnera su derecho al debido proceso y adecuada defensa, la igualdad ante la ley, entre otras garantías constitucionales.
