En el caso peruano, el reconocimiento legal del derecho de acceso al agua potable y saneamiento, vía el Decreto Legislativo 1620, materia de comentario, encuentra justificación en diferentes fuentes de derecho internacional y nacional, respectivamente. Decimos ello pues es un derecho fundamental que no ha sido sólo reconocido por los tratados internacionales de protección de los derechos humanos sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.