Tiene como propósito administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente. Pronto entrará en operaciones en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. El 2026 estará operativo en todo Chile, con la incorporación de Valparaíso, la Región Metropolitana y O’Higgins.
De igual modo debe ejercer las funciones y atribuciones que correspondan al SENAME en aquellas materias relativas a la línea de acción, Oficinas de Protección de Derechos (OPD).
Dado que modifica el DL N°2465 que creó el SENAME y su Reglamento, por lo que excedió sus atribuciones. Además, solo la ley puede crear un servicio público, y la potestad reglamentaria del presidente es la idónea para ejecutar actos necesarios en dichos servicios
En la normativa anterior los menores entre 14 y 16 años no eran imputables penalmente, es decir, no se les podía aplicar una pena a pesar de haber cometido un ilicito o delito. Sólo se les aplicaba medidas de protección a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
No se puede reformar la sanción en perjuicio del reclamante, pues se vulnera el principio de “reformatio in peius”.
El acto impugnado dice relación con el cumplimiento de una resolución judicial dictada por el Juzgado de Familia de Casablanca por lo que existen otras herramientas que el ordenamiento jurídico contempla para dicho control.
La sanción fue impuesta por sumario administrativo y es proporcional en atención a la gravedad de los hechos descritos en la formulación de cargos.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de diez adolescentes fallecidos en un incendio en el Centro de Internación Provisoria «Tiempo de Crecer» de Puerto Montt en 2007; y de 282 adolescentes que se encontraban recluidos en cuatro centros de detención e internación provisoria.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el SENAME deberán ajustar sus actuaciones a las consideraciones expuestas.
La Comisión Especial Investigadora deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 120 días. Para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
El máximo Tribunal ordenó poner los antecedentes en conocimiento de los ministros de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social y Familia.
