
La sanción fue impuesta por sumario administrativo y es proporcional en atención a la gravedad de los hechos descritos en la formulación de cargos.
La sanción fue impuesta por sumario administrativo y es proporcional en atención a la gravedad de los hechos descritos en la formulación de cargos.
El máximo Tribunal ordenó poner los antecedentes en conocimiento de los ministros de Justicia, Derechos Humanos y Desarrollo Social y Familia.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras determinar que el Sename no ha tomado las medidas adecuadas para resolver una problemática que se ha prolongado por años.
Otorga una indemnización a los funcionarios que cesen en sus funciones dentro del SENAME en razón a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Para declarar la cesación del cargo de un empleado público que ha hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, la COMPIN debe declarar previamente que su estado de salud es irrecuperable.
La Comisión Especial de Infancia y Adolescencia del Senado aprobó en general y en particular la iniciativa, que ahora debe ser analizada por la Comisión de Hacienda antes de ser votada por la Sala del Senado.
La recurrente relató hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías indicadas en el artículo 20 de la Constitución.
El máximo Tribunal estableció que la falta de una oferta programática, coordinada e integral vulnera el derecho a la vida e integridad física y síquica de la menor, consagrado constitucionalmente y en tratados internacionales suscritos y vigentes en Chile, como la Convención de Derechos del Niño.
En primer trámite están dos mociones que buscan extender los beneficios que hoy gozan los mayores de 60 años y personas con discapacidad, a la hora de ser vistos por un médico general, de urgencias o un especialista.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada señalando que, la circunstancia de haber permanecido la recurrente en el cargo a contrata por más de 20 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración.
La Corte de Concepción indicó en su oportunidad que, no es posible advertir la existencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarios que puedan afectar algunas de las garantías que se reclaman conculcadas y que justifique el ejercicio de esta vía cautelar excepcional.