Las alegaciones de la actora deben ser revisadas en un proceso de lato conocimiento, durante el desarrollo del procedimiento administrativo.
El establecimiento no podía atender público en espacio abierto ni cerrado en etapa de cuarentena ni transición.
La demandante fue sancionada con una multa de 250 UTM.
El paño de Avenida Presidente Kennedy de propiedad de la actora fue declarado de utilidad pública en 1994 mediante la dictación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (resolución N° 20, publicada en el Diario Oficial el 4 de noviembre de 1994), con el objeto de destinarlo a obras de vialidad conforme a lo que dispone el art. 59 de la LGUC.
El actor prestó servicios bajo subordinación y dependencia.
La Ley N°20.529 solo encomienda a la recurrida la ejecución de las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Educación, pero no está facultada para realizar ajustes a lo determinado por el ente sancionador.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes la sentencia impugnada, dictada por el 20° Juzgado Civil de Santiago, que fijó en 600 UTM la multa que deberá pagar la elaboradora de mármoles y granitos y cuarzos, por considerar que dicho monto se condice con la gravedad de la falta detectada en el sumario sanitario.
Imputada por el Ministerio Público como autora del delito de poner en peligro la salud pública, al omitir la aplicación de protocolos al interior de la repartición, citar a a puntos de prensa, sin tomar los resguardos sanitarios para prevenir los contagios por covid-19.
El órgano contralor adujo que la sola referencia a un estudio, con el objeto de hacerlo concordante con jurisprudencia de esta Contraloría General, sin comprometer plazos ni indicar opciones en el intertanto, no resulta suficiente para entender que se han adoptado las medidas conducentes a corregir el reparo de la especie.
La recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 numeral 24 de la Constitución Política de la República.
