Las cláusulas del contrato de promesa que fueron objetadas establecen un pacto comisorio calificado en favor del proveedor, obligando al consumidor a renunciar a sus derechos, y la empresa podía modificar la ubicación del inmueble prometido a su antojo.
La denunciada justificó su omisión en que la petición del SERNAC nunca llegó al personal encargado de la protección al consumidor, sin embargo, el Tribunal determinó que aquello no la eximía de responsabilidad, por cuanto le correspondía a la sociedad instruir al personal de recepción acerca de sus protocolos internos.
El SERNAC interpuso la denuncia infraccional en base a múltiples reclamos de consumidores, quienes se enteraron de los hechos a través de un reportaje exhibido por televisión.
Además, la fiscalizadora del SERNAC constató que el cobro por el servicio era redondeado al alza, práctica que se encuentra expresamente prohibida.
La denunciada señaló que en la sucursal fiscalizada contaba con un autoconsultor de precios, que es equivalente a exhibir en un listado la totalidad de precios, ya que los mismos se encuentran disponibles a todo público sin necesidad de asistencia de terceros.
La clienta afectada solicitó al proveedor el pago de $17.000.000.- como compensación del daño moral, luego de rechazar la devolución del dinero invertido en la compra, pretensión que fue considerada irracional e injusta por el Tribunal.
Al contestar la denuncia, la empresa informó su modo de operar y aseguró que siempre cumplió la Ley N° 19.496, pero no hizo referencia a la no entrega de la información requerida, infracción que fue la que se le imputó.
El SERNAC denunció a una tienda comercial, por no informar la CAE al promocionar la venta de sus productos con pago en cuotas a través de un periódico regional.
Las empresas se comprometieron a pagar dinero a las instituciones de beneficencia sin fines de lucro por los daños causados a los consumidores nacionales. Agrusuper a desembolsar $19.541.697.242 y Don Pollo a transferir $2.431.689.000.
En primera instancia, el tribunal rechazó la denuncia infraccional del SERNAC, tras determinar que el requerimiento de antecedentes se efectuó en el ejercicio de una fiscalización, sin contar con dicha potestad, pues no estaba vigente aún en la Región Metropolitana.
