Expertos advierten que, tal como está presentado el proyecto actualmente, el acceso y tratamiento de la información contenida en las fuentes de acceso público se verían muy restringidos, lo que dificultaría que las empresas –sobre todo las no relacionadas al mercado crediticio– puedan revisar data hasta ahora disponible, en el Registro Civil y SII, entre otros organismos.
La actora alegó que con las retenciones ya ha pagado al Estado más del doble del monto total del crédito, lo que fue descartado por la Corte, ya que tales retenciones son meras provisiones para asegurar el pago de la cuota anual del préstamo que adeuda.
La multa sanitaria impuesta a la ex constituyente se encuentra actualmente bajo el conocimiento del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, tribunal ante el cual la actora puede efectuar alegaciones y peticiones sobre la materia discutida.
La Ley N°21.354 excluyó expresamente a quienes desempeñen actividades financieras y de seguros de acuerdo a los códigos de actividad económica del SII.
La requirente estima que las normas impugnadas vulneran el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso.
Los hechos denunciados afectan seriamente el derecho de propiedad del recurrente, toda vez que el giro anticipado y su remisión a Tesorería generaron una cobranza ejecutiva y el consiguiente embargo de un bien raíz de su dominio.
El artículo 97 N° 4 del Código Tributario exige la realización maliciosa de maniobras que tengan por objeto aumentar en forma indebida el verdadero monto de los créditos fiscales, por lo que el SII tiene la carga probatoria de acreditar que el contribuyente actuó dolosamente, es decir, que sabía y quería realizar la conducta y sus propósitos.
El Tribunal de alzada condenó a Orpis Bouchón a 5 años y un día de presidio por seis delitos de fraude al Fisco y a 600 días de presidio por dos delitos de cohecho; a Isasi Barbieri a la pena de 50 días de prisión por un delito de cohecho; a Lobos Torres a 541 días de presidio por un delito de fraude al Fisco y a la empresa Corpesca al pago de una mula de 10.000 UTM por los delitos de soborno y cohecho.
La información que se solicita dice relación con datos, antecedentes y documentos susceptibles de revelar datos patrimoniales de otros contribuyentes, por lo tanto, corresponde aplicar la causal de reserva tributaria.
Los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos y su reserva se debe establecer a través de una ley de quorum calificado
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el SII, tras descartar que la información solicitada tenga el carácter de reservada.
