El máximo Tribunal aplicó el artículo 21 de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y determinó que la omisión de antecedentes penales en los certificados solicitados no afecta su permanencia en el registro ni su comunicación a autoridades competentes.
Determinada la filiación conforme a la ley, se tiene por comprobado el estado civil de hijo respecto de su madre. En otras palabras, el estado civil es una de las consecuencias que trae aparejada la filiación legalmente determinada.
Expertos advierten que, tal como está presentado el proyecto actualmente, el acceso y tratamiento de la información contenida en las fuentes de acceso público se verían muy restringidos, lo que dificultaría que las empresas –sobre todo las no relacionadas al mercado crediticio– puedan revisar data hasta ahora disponible, en el Registro Civil y SII, entre otros organismos.
La Octava Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al rechazar la solicitud citando normas derogadas.
En la resolución, las y los parlamentarios estiman que dicha información es relevante para tomar decisiones en caso de emergencias.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del servicio recurrido al rechazar la solicitud.
El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución exenta impugnada, que denegó la solicitud de la inscripción sobre la base de razones formales y una normativa legal derogada.
Los registros del Servicio de Registro Civil no constituyen una fuente de acceso público, ya que para su consulta se solicitan ciertos datos que permiten consultar su contenido.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario y sin sentido del servicio recurrido, al negar un certificado de nacimiento al solicitante cuando en diversas ocasiones le ha renovado la cédula de identidad.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al denegar la solicitud.
La discusión trabada no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos.
