La magistratura hizo lugar a una demanda de precario, entablada contra un particular que usurpó una de las edificaciones de la empresa estatal, fundado en que “se la entregó materialmente una fundación educacional”, lo que en la especie no constituye nexo jurídico alguno que habilite la ocupación del sitio.
La propia recurrida reconoció la autoría del acto de autotutela, para resolver a su favor una disputa legal respecto al trazado de la servidumbre, por lo que la magistratura hizo lugar a la acción cautelar y ordenó el inmediato retiro de los elementos que impiden el libre tránsito por una servidumbre legalmente constituida en favor de ambas partes.
La Corte de Valparaíso hizo lugar a la acción cautelar deducida por el actor, que acusó a su vecino de cerrar un camino de servicio con dos portones; no obstante, el máximo tribunal revocó aquel fallo y rechazó el recurso, al estimar que no existía un derecho indubitado, ya que el trazado del camino era un hecho discutido de larga data entre las partes, por lo que ambos deben resolver este litigio en un juicio de lato conocimiento.
No existe antecedente que acredite que los recurridos realizaron los actos que se les imputa, como la instalación de cercos y trancas en el predio de los recurrentes, alegación que por lo demás flaquea, por resultar efectivo que el domicilio de al menos dos de los recurridos se encuentra en la Región Metropolitana.
El recurrido, que instaló seis postes de madera deberá retirarlos dentro de 30 días al ser considerado dicho acto como uno de justicia por mano propia y deberá -además- abstenerse de realizar en el futuro acciones que entorpezcan el uso del camino de servicio.
El máximo Tribunal estimó que la magistratura omitió ponderar la prueba testimonial y los correos electrónicos entre las partes, que daban cuenta de la existencia de un acuerdo para que la demandante se hiciera cargo de la administración de un inmueble, del cual obtuvo beneficios económicos para el demandado, que fue condenado a pagar $6.000.000.- en honorarios adeudados en favor de la actora.
La Corte de Puerto Montt ordenó al recurrido abstenerse de bloquear el libre tránsito de los recurrentes hacia sus parcelas, sin perjuicio de las acciones que en derecho le corresponden, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada, al estimar la existencia de vías de hecho para imponer justicia por mano propia, y no utilizar las acciones que la ley reconoce al recurrido.
La recurrida cerró con portón y candados el único camino que comunica al actor con la vía principal, el cual es utilizado por él hace más de 50 años. El máximo Tribunal sostuvo que no resulta lícito a la recurrida valerse de vías de hecho para zanjar cualquier disputa que mantenga con el recurrente, alterando el statu quo anterior a dicha actuación.
Una vecina cerró con portón y candados el único camino que los actores utilizan para acceder a la vía principal, en circunstancia que la franja se encuentra reconocida como camino de servicio en las escrituras de propiedad de todas las partes, verificándose -en la especie- un acto de autotutela por parte de la recurrida.
El ducto atraviesa los predios de las recurridas, quienes bloquearon la cañería de forma arbitraria, impidiendo a la recurrente acceder a su reparación, hecho que fue calificado por la magistratura como una vía de hecho, contraria a la buena fe inicial de las recurridas de permitir la instalación de la estructura.
La instalación de un portón con candado para impedir el uso de un camino de servicio no constituido legalmente, es una forma de autotutela proscrita por nuestra legislación, no obstante, el recurrente debe efectuar las gestiones necesarias para regularizar la inscripción de la servidumbre.
