El máximo Tribunal resolvió que la correcta interpretación del artículo 113 del DFL Nº1 del año 2005, en relación con los artículos 54 y 59 de la Ley Nº19.880, es considerar al reclamo como una correcta vía de impugnación no sólo del recurso de reposición sino también del recurso jerárquico, en atención al resguardo que se debe procurar de los derechos del administrado.
La Comisión de Salud analizó la necesidad de dar con una fórmula que garantice los pagos sin generar la insolvencia del sector pensando en los derechos de los pacientes.
El único documento oficial cuya falta de vigencia puede obstar al desarrollo de la vida cotidiana en el país, es la cédula de identidad. Si la nueva ley ha contemplado una norma específica, que determina la mantención de la vigencia, de pleno derecho, pueden efectuar sin limitación trámites o solicitudes en establecimientos públicos.
Los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo. Los cuales son amparados por el derecho a la vida privada, que es base de la libertad individual.
Dentro de los fundamentos de la iniciativa se menciona la crisis de las Isapres y la necesidad de establecer a través de una reforma constitucional la obligación de que utilicen la tabla de factores de riesgos fijadas por la Superintendencia de Salud del año 2019.
El Tribunal de alzada estableció que la clínica recurrente no incurrió en infracción al cobrar la prestación, costo que fue informado, además, correctamente al paciente.
Ahora solo se podrá usar la tabla de factores de riesgo de la Superintendencia de Salud que elimina el cobro a los menores de dos años, salvo respecto a la prima GES, y que generaría excedentes para los afiliados con las nuevas condiciones.
La Ley N°19.966 y el Reglamento de Mediación disponen que son los interesados quienes deben nombrar al mediador, limitándose la Superintendencia a poner en conocimiento de este último dicho nombramiento.
Los congresistas se mostraron preocupados respecto cómo se materializará la devolución de los dineros cobrados a los afiliados, de qué forma se determinará el alza de lo que queda de este año, y qué pasará en los años siguientes.
La ley prohíbe a los prestadores exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar de cualquier otra forma la atención de emergencia o urgencia.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
