Al respecto, el máximo Tribunal brasileño adujo que tal prohibición no daña el núcleo esencial de la libertad religiosa y que la prioridad en la actualidad es la protección de la vida.
La medida cautelar buscaba suspender decretos en Bahía, Distrito Federal y Río Grande del Sur las medidas restrictivas para combatir la pandemia Covid-19, como el cierre de actividades no esenciales y el toque de queda nocturno.
Al respecto, la Magistratura constitucional brasileña explicó que las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.
Al respecto, la Magistratura constitucional brasileña explicó que las acciones no pudieron haber tenido lugar en Curitiba, porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobras.
La norma estipula que solo previa comunicación del prestador del servicio al usuario podrá suspenderse el servicio por falta de pago y establece una condición temporal para la suspensión del suministro de agua y luz (retraso igual o superior a 60 días).
La sentencia explica que es irrazonable que el legislador garantice la grabación de la audiencia, independientemente de la autorización judicial y, al mismo tiempo, considere delito el uso de teléfonos celulares cuando el juez determine que no se ha de utilizar.
Según la denuncia, el homicidio del embajador fue planeado por su esposa con el policía acusado, quien era su amante.
En su sentencia, la Magistratura brasileña consideró que la urgencia de la medida se caracteriza por la creciente tasa de contagio del coronavirus y el hecho de que los servicios de salud pueden no soportar la demanda de hospitalizaciones de pacientes críticos.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que la pandemia del Covid-19 exige tomar decisiones coordinadas, sobre todo en un intento por resolver los inevitables conflictos federales, sociales y económicos existentes, la gravedad de la situación vivida requiere la toma de medidas coordinadas encaminadas al bien común.
En su sentencia, la Magistratura brasileña adujo que es preciso aplicar el principio de solidaridad entre las entidades federadas en relación a las demandas relacionadas con los servicios públicos prestados a refugiados y / o migrantes extranjeros al territorio nacional.
