Al respecto, los solicitantes aducen problemas legales, bioéticos y médicos, pero especialmente la inseguridad jurídica que genera a los más frágiles.

La Magistratura constitucional española considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al desconocer el derecho a obtener de los jueces y tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas por las partes en el proceso.