Se establecería un trato diferenciado respecto de ciertos médicos autorizados para ejercer en Chile, sin ninguna razón lógica que justifique tal distinción.
Se infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que se establece una diferencia injustificada al negar el debido y necesario emplazamiento que requiere toda parte afectada por una decisión administrativa que, en este caso, fue sancionada con la cancelación de una inscripción de dominio a su nombre.
La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que no existe una razón jurídicamente legítima, necesaria y proporcionada para limitar la procedencia del recurso de casación en la forma.
Se infringiría el debido proceso, pues el monto de la deuda sigue abultándose por hechos no imputables a los requirentes.
La aplicación del precepto impugnado resultaría absolutamente discriminatorio y da cuenta de un prejuicio inaceptable en contra de los extranjeros. No se funda en ningún motivo razonable y hoy resulta imposible de conciliar con nuestra Constitución Política.
El principio de proporcionalidad es vulnerado si se considera que el monto de la deuda por concepto de prestaciones laborales que se determinó en favor de la ex trabajadora por el término de su contrato fue de $7.941.180, y que luego se haya liquidado la deuda asociada a la nulidad de despido por $25.032.095, que fueron percibidos por la demandante, sin que ella haya prestado servicio durante ese tiempo.
La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que hace una distinción injustificada al restringir la oposición de excepciones en el juicio ejecutivo laboral que se permiten en un juicio ejecutivo ordinario.
Esto, en el marco de diferentes acciones legales presentadas por Eduardo Frei en contra de su hermano, Francisco, quien habría realizado una serie de estafas al administrar fraudulentamente dicha sociedad.
Si el órgano persecutor fiscal se niega a formalizar la investigación y, como en la gestión pendiente, comunica su decisión de no perseverar en la investigación del delito, el querellante se ve imposibilitado de continuar con su acción penal.
Contiene un marco sancionatorio penal urbanístico excesivamente amplio y vulnera, especialmente, el principio de legalidad.
