La gestión pendiente incide en un proceso penal, seguido ante el Juzgado de Garantía de Melipilla, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de hecho.

La disposición no satisface las garantías mínimas que permitan sancionar adecuadamente una conducta infraccional, desde que su texto no establece un marco de justicia y racionalidad.

Las normas objetadas obligan a que se presten servicios mínimos y se establezcan equipos de emergencia, sin hacer distinción del tipo de empresa o de las consecuencias que podría traer aparejada una eventual huelga, tal como lo exige la OIT.

La Inmobiliaria se ve limitada para reclamar dicha tasación, conforme a las restricciones que establecen los incisos segundo y final del artículo 149 del Código Tributario.

La norma que se cuestiona no es decisiva en la resolución del asunto en atención al estado procesal actual en que se desenvuelve la gestión seguida ante la Corte de Santiago.

Bono no les fue cancelado en razón de que los trabajadores denunciantes contaban con más de 180 días de licencia médica a la fecha en que debió pagarse.

La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Silva y los Ministros García y Pozo.

La requirente aduce que el sistema de la Oficina Judicial Virtual no es capaz de soportar el volumen de dichos medios de prueba para la preparación del juicio oral en lo penal.

La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que la aplicación del precepto conlleva a una diferencia arbitraria, injusta e irracional, entre la situación del ejecutado en sede civil y el ejecutado en el juicio ejecutivo laboral.

La gestión pendiente incide en un procedimiento de cobranza laboral y previsional seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción.