Aun suponiendo que la reputación de los actores hubiera sido dañada, ello no se debió a la hipótesis esgrimida por el autor, sino a consecuencia de las sospechas expresadas contra ellos que llevaron a que fueran puestos bajo investigación en un proceso que suscitó amplia atención de los medios.

Del análisis de los dichos queda claro que no pretendían contribuir a ningún debate serio sobre asuntos religiosos, sino que se realizaron en respuesta a preguntas sobre su vida privada, en un lenguaje frívolo y colorido que pretendía despertar el interés del público joven.

Las autoridades francesas al emitir y posteriormente revisar la orden de expulsión, no tuvieron en cuenta el hecho de que la condición de refugiado no se pierde sólo por retirar el reconocimiento formal de este estatus. Además, el Estado no evaluó los riesgos a los que se enfrentaría el refugiado si se ejecutara la orden de expulsión.

Los actores se pusieron en peligro por sus propias acciones al participar en el asalto a la frontera de Ceuta aprovechando el gran número de su grupo y el uso de la fuerza. No observaron los procedimientos legales existentes para ingresar legalmente a España.

Es inapropiado recopilar datos personales relacionados con la orientación sexual, sobre la base de meras especulaciones o presunciones. Para lograr el objetivo de seguridad sanguínea habría sido suficiente dejar constancia de la negativa del demandante a responder las preguntas, ya que ese factor por sí solo podría justificar la negativa a admitirlo como un donante de sangre.

Se constató una vulneración del derecho al respeto a la vida privada y familiar, debido a que la investigación llevada a cabo por las autoridades fue deficiente y no protegió la intimidad de la denunciante.

El Estado no explicó si se había establecido un marco legislativo y administrativo adecuado para proteger a los ciudadanos contra la arbitrariedad y el abuso de la fuerza. La policía respondió a la víctima que intentaba escapar en términos de que no pueden considerarse como “nada más que absolutamente necesario.

Se constató que la reducción y la tardanza injustificada en la tramitación de su recurso en sede judicial vulneraron los derechos a un proceso equitativo y a un recurso efectivo del afectado.

Se constató que Turquía incumplió la sentencia dictada con motivo del caso Kavala, que ordenó a ese país liberar al activista turco Osman Kavala.

Se constató que Italia vulneró los derechos de un menor refugiado, por considerarlo un adulto y por negar su derecho a un recurso efectivo.