El partido demandante no demostró haber sido tratado de forma diferente en el ejercicio de sus derechos o actividades políticas.
Los hijos de la demandante expresaron que no querían volver con su madre.
La obligación de proteger la vida de las personas detenidas importa también la obligación de las autoridades de proporcionarles la atención médica necesaria para salvaguardar su vida.
El carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse a la luz de las circunstancias concretas del caso y, considerando su complejidad, la conducta del demandante y de las autoridades competentes.
La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática.
El ejercicio del periodismo se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión y su limitación en una sociedad democrática debe responder a razones muy calificadas.
Los Estados parte del Consejo de Europa pueden controlar la entrada, la residencia y expulsión de los extranjeros, siempre y cuando estas acciones sean compatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo expresa que el Tribunal Supremo ha empleado criterios jurídicos dispares ante caso idénticos, sin motivo que justifique las distintas conclusiones a las que ha arribado.
El plazo de 5 años y 9 meses para resolver un asunto de especial relevancia para la vida familiar, no puede considerarse razonable.
El Convenio de Oviedo permite cierto margen de maniobra a los Estados Partes para determinar, con más detalle, las condiciones de protección aplicables en su derecho interno.
