El Estado no excedió su margen de apreciación y no se alteró el equilibrio justo entre el derecho de la demandante a conocer sus orígenes y el deseo e interés de su madre biológica a permanecer en el anonimato. Por estos motivos es que no existe una violación del artículo 8 del Convenio.

La toma de muestras de sangre constituye una injerencia en sus vidas privadas Las disposiciones del derecho interno en cuestión debían ser previsibles en cuanto a sus efectos para las solicitantes. En particular, constatamos que ninguna de las disposiciones citadas por el Gobierno podía justificar una intervención médica realizada por agentes de policía o médicos como la que se realizó.

Los documentos privados difundidos a un número limitado de personas deben tener una base fáctica y cuanto más grave sea la acusación, más sólida debe ser esta base. Sin embargo, en el caso concreto los actos denunciados se cometieron sin testigos y la ausencia de una denuncia relativa a tales acciones no puede llevar a calificar su acto como de mala fe.

Las búsquedas se habían centrado únicamente en términos particulares y se llevaron a cabo únicamente dentro de la cuenta en el servicio de mensajería del partido. Las regulaciones del partido establecían que dichas cuentas podían estar sujetas a controles, y que estos debían proteger los intereses del partido. Este razonamiento no fue ni arbitrario ni irrazonable. El actor tuvo la posibilidad de ejercitar varios recursos civiles, pero que optó por no hacer uso de ellos.

Los contactos profesionales entre los jueces y una de las partes en el proceso había sido regular, cercana y remunerada, lo que es suficiente para concluir que deberían haber renunciado a participar en el caso y que los temores de los sindicatos demandantes sobre su falta de imparcialidad estaban objetivamente justificados.

Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.

La variedad de diferentes salvaguardias institucionales permitió a los sindicatos de funcionarios defender eficazmente sus intereses. La elevada tasa de sindicalización entre los funcionarios públicos alemanes ilustra la eficacia en la práctica de los derechos sindicales tal como se garantizan a los funcionarios públicos. La prohibición de huelga no priva de sustancia a su libertad sindical.

Rusia había ejercido el control efectivo de la zona. Por lo tanto, los asuntos denunciados caen dentro de la jurisdicción de Rusia en virtud del artículo 1 de la Convención. Cualquier privación de libertad debe tener una base jurídica en el derecho nacional y ser compatible con el Estado de derecho.

Los efectos negativos que la terminación del mandato había tenido en sus vidas privadas no cruzaron el umbral de gravedad necesario para aplicar el artículo 8 del Convenio. No hubo ningún impacto significativo en sus ingresos ni se cuestionó su desempeño profesional.

La sentencia del Tribunal Constitucional equivale a una injerencia en la intervención para la cual la demandante cumplía las condiciones requeridas y cuya ejecución ya había comenzado, creando así una situación que privó al demandante de garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Se obligó a la demandante a viajar al extranjero para abortar, e incurrir en costes considerables y a alejarse de su red de apoyo familiar, lo cual debió haber tenido importantes consecuencias psicológicas para ella.