Ni los tribunales ni el Gobierno intentaron justificar la condena del demandante por incitación a la violencia o incitación al odio. Aunque el Tribunal Constitucional se refirió a un “sentimiento de intolerancia” transmitido por el demandante, no examinó la existencia de un contexto político o social tenso o la capacidad de las declaraciones para conducir a consecuencias perjudiciales.

Cuando se entablan procedimientos disciplinarios contra un juez, está en juego la confianza del público en el funcionamiento del Poder Judicial. Todo juez que sea objeto de un procedimiento disciplinario tiene derecho a salvaguardias contra la arbitrariedad. En particular, debe tener la oportunidad de que la medida en cuestión sea examinada por un órgano independiente e imparcial competente.

No existe fundamento para considerar que otorgar reconocimiento y protección legal a parejas del mismo sexo en una relación estable y comprometida pudiera perjudicar a las familias constituidas de manera tradicional o comprometer su futuro o integridad. Por lo tanto, el objetivo en términos generales de la protección de la familia tradicional no puede aceptarse.

El papel de “vigilancia” de los medios de comunicación es especialmente importante en ese contexto, en el que el periodismo de investigación podría contribuir a que las autoridades sean obligadas a rendir cuentas. Además, los límites de la crítica aceptable son más amplios para un político que para un particular. Esto se aplica aún más al demandante, que no era un político corriente sino un jefe de Estado.

La libertad de expresión protege no solo la sustancia de las ideas y la información expresada, sino también la forma en que se transmiten. En consecuencia, incluso si la conducta del solicitante pudiera haber justificado una intervención de las autoridades, estas deben haber sabido que la sanción privativa de libertad se estaba aplicando en el contexto del ejercicio de una libertad fundamental.

Se puede aceptar que los comentarios reflejaban un grado de malestar social que podría requerir una respuesta política, además del hecho de que correspondían al tipo específico de comunicación que se encuentra en ciertos portales en línea. No obstante, en un contexto electoral, el impacto del discurso racista y xenófobo se hace mayor y más nocivo, particularmente por el clima político y social conflictivo que primaba en aquel momento.

Las restricciones tuvieron el objetivo legítimo de proteger los derechos y libertades de los demás. Así, se protegieron los derechos de otros respecto al procesamiento de sus datos personales, por lo que la exención personal o familiar no es aplicable al caso. Se sopesaron correctamente los derechos de la comunidad demandante frente a los derechos de las personas cuyos datos se estaban utilizando.

Los tribunales turcos confirmaron la multa en sentencia sumaria, sin pronunciarse sobre los motivos de apelación presentados por los demandantes. No podía pasarse por alto que la ONG había aportado pruebas en apoyo de su afirmación de que había declarado los fondos que recibió.

Se deben observar las recomendaciones y dictámenes de los órganos internacionales competentes, que destacan la importancia de permitir que los candidatos pertenecientes a grupos minoritarios utilicen su lengua materna en las campañas electorales a fin de garantizar que las personas pertenecientes a dichos grupos accedan a las elecciones en igualdad de condiciones con otros ciudadanos.

Las autoridades rusas no tomaron medidas para reconocer el problema o para proteger a los solicitantes de los malos tratos que habían sufrido. Además, los demandantes no disponían de ningún recurso efectivo para quejarse de su situación, e incluso el Defensor del Pueblo admitió que tales quejas no tenían ninguna posibilidad de éxito.