La víctima fue fusilada por funcionarios de la Armada, luego de reconocer su autoría en delitos relativos al transporte y almacenamiento de explosivos. No obstante, el máximo Tribunal estimó que dicha condena se obtuvo en un procedimiento viciado carente de garantías procesales mínimas, en que la convicción condenatoria se formó con la sola confesión del sentenciado, obtenida tras largas sesiones de tortura.
En abril de 1988, el comunero mapuche junto a un grupo de estudiantes universitarios fue detenido en Valparaíso durante una protesta en contra de la dictadura cívico militar, permaneciendo 10 días detenido en Quillota, lugar donde fue torturado e interrogado por agentes del Estado por su participación activa como miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El Estado no puede invocar normas de derecho interno para evadir la responsabilidad de reparación integral que le asiste, respecto de las víctimas de violación a los Derechos Humanos, indicó el máximo Tribunal, al dar lugar al recurso y confirmar el fallo de base que ordenó al Fisco indemnizar por daño moral al demandante.
Los exámenes médicos confirmaron la violación y que Georgina Gamboa estaba embarazada y su hija nació en octubre de 1981. Georgina denunció en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violación sexual y tortura, pese a recibir amenazas de muerte por ello.
Por cuanto, entre los testimonios prestados por las víctimas se pueden encontrar vejámenes y/o maltratos sexuales sufridos por éstas, como también la revelación de las opiniones y compromisos políticos de muchas de ellas.
Los jueces del fondo invocaron la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual -4 años-, para desestimar la indemnización por daño moral, solicitada por una víctima de tortura en manos de agentes del Estado, desde octubre de 1973 hasta agosto de 1974. El máximo Tribunal, hizo notar que la responsabilidad internacional de Estado en este tipo de casos es objetiva, por lo que la víctima debe ser reparada de forma prudencial.
El acusado disparó con su fusil de servicio y con munición letal a un manifestante que arrojó una piedra a un vehículo de Carabineros, causando lesiones permanentes en la pierna derecha de la víctima. El máximo Tribunal estimó que el hecho excedió el uso de la fuerza permitido por un agente del Estado en situaciones de control del orden público.
El máximo Tribunal anuló el fallo recurrido, al observar que los jueces de fondo no expusieron los razonamientos que los llevó a acoger la acción y decretar un monto indemnizatorio de $1.000.000.- en circunstancias que se encontraba asentado el daño psicológico y físico al que fue sujeto el actor.
El máximo Tribunal indica que la responsabilidad del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos es objetiva, y se debe cumplir con la obligación de reparar íntegramente el daño, según las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ratificadas por Chile.
El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
El Estado no contestó a la solicitud de información para que brinde sus observaciones a la solicitud de medidas cautelares. Tomando en cuenta que el propuesto beneficiario se encuentra bajo la custodia del Estado, no resulta posible conocer con mayor detalle si se estuviesen implementando acciones a fin de proteger sus derechos.
