El máximo Tribunal descartó falta o abuso grave en la resolución que confirmó que el asunto corresponde que lo conozca y resuelva un tribunal con competencia en materia civil. 

La magistrada estableció la responsabilidad de la demandada por el error de diagnóstico y tratamiento brindado a trabajador con luxofractura de columna cervical en el Hospital Clínico de la Mutual de Seguridad de Santiago, en septiembre de 2019.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia apelada, pronunciada por el 5° Juzgado Civil de Santiago, solo en aquella parte que rechazó la demanda deducida en contra de Enami.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al no existir disparidad de resoluciones sobre la materia que la parte recurrente pretende uniformar.

El siniestro no puede ser calificado como accidente de trayecto, por cuanto no ocurrió en los supuestos normativos establecidos por el legislador, tales son, en el trayecto directo entre lugar de trabajo y su habitación o viceversa.

En este orden de ideas, puedo afirmar que a partir de la sanción del Convenio OIT 190 estamos frente a un nuevo concepto de acoso y violencia laboral de fuente supralegal que viene a ampliar el concepto que hasta el presente ha sido delineado a través de aportes tanto normativos de rango inferior como esbozos doctrinarios y precedentes jurisprudenciales que deberán adecuarse o reinterpretarse.

La iniciativa quedó en condiciones de ser remitida a la Cámara de Diputadas y Diputados para que se pronuncie sobre las modificaciones propuestas en el Senado y que fueron fruto de un acuerdo transversal.

El trayecto entre dos lugares de trabajo también se considera accidente del laboral. En tal caso se estima que el incidente dice relación con el trabajo, obra o faena al que se dirigía la persona.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la caja de compensación y le ordenó abstenerse de solicitar al actual empleador del recurrente el cobró de los cuotas impagas del crédito y devolver las ya descontadas.

A pesar de los negativos informes previos en cuanto a la seguridad y prontitud de respuesta de los servicios de emergencia, la Intendencia Regional autorizó la marcha sin ser capaz de asegurar la integridad física de los asistentes ni de terceros externos a la manifestación, de la cual se siguieron una serie de desmanes, entre ellos, el siniestro que produjo el deceso de la víctima.