La definición de este derecho incluye evitar el envío de mensajes fuera del horario laboral, limitar las reuniones fuera de ese horario y eliminar la sensación de obligación de responder en cualquier momento y lugar. Estos aspectos colaterales de la digitalización laboral pueden evitarse gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que reconoce el derecho a la desconexión digital.
No obstante, no tienen derecho a permisos para exámenes prenatales.
La Decimotercera Sala del tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el 21° Juzgado Civil de Santiago, en la parte que rebajó la multa.
El proyecto reduce los meses de carencia para ser beneficiario de este seguro, se aumenta el número de giros y el monto del segundo de éstos, y se automatiza la prestación en situaciones de catástrofe y alerta sanitaria, entre otras medidas.
La norma, enfocada en las remuneraciones del sector público, además, permite un ajuste de grados con el fin de mantener el orden jerárquico cuando los grados inferiores hayan alcanzado al superior, en términos de sueldo base, producto de reajustes diferenciados.
Las propuestas, elaboradas por personas y organizaciones de la sociedad civil, debían reunir 10 mil patrocinios ciudadanos para ser discutidas por los integrantes del órgano que redactará la propuesta de nueva Carta Magna.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que aplicó, además, una multa de 100 UTM a la empresa y pagar, como medida reparatoria, el “bono marzo” a todos los trabajadores y trabajadoras hayan o no suscrito el pacto.
La iniciativa, originada en una moción de senadores, debe ser votada en general por la Sala del Senado y ya se anunció la presentación de indicaciones para su trámite en particular.
La Corte establece que “tratándose de las expresiones vertidas en el ejercicio del poder de representación asociado a la libertad sindical, los límites están dados por una eventual afectación a la honra, el prestigio o el funcionamiento de la empresa en que prestan sus servicios los trabajadores”.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue, que ordenó al municipio pagar a los siete trabajadores la suma total de $149.834.868 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios, recargo del 50% y feriado legal.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, que no dio lugar al reclamo de multa interpuesto por la empresa supermercadista.
