La resolución dictada por la Juez de Garantía no invade las facultades del Ministerio Público para acordar junto al imputado y su defensa la tramitación del proceso de conformidad a las reglas del procedimiento abreviado, limitándose únicamente a constatar los presupuestos legales que lo hacen procedente.

Los acusados formaban parte de una agrupación delictual especializada en internar droga a través de contenedores transportados en barcos, y recibidos en diversos puntos del país. En el último traslado, personal de la Armada -gracias al aviso de agentes encubiertos- abordó una nave proveniente del Perú e incautó más de una tonelada de marihuana de alta pureza que iba ser comercializada desde el puerto de Arica.

En el año 2006, el requerido fue condenado por participar en diversas operaciones de internación de cocaína en la península. Asimismo, las autoridades italianas requirieron al sujeto por incumplir con sus obligaciones familiares, pero esta última petición fue rechazada al no existir un delito equivalente en la legislación nacional.

Observaron a la acusada -que se ajustaba a la descripción hecha por un denunciante anónimo-, mientras se aprovechaba de su condición de comerciante ambulante para vender pitos de marihuana en un concurrido sector de la ciudad de Viña del Mar, actuar constitutivo de un indicio suficiente para los agentes realicen un control de identidad y que daba muestras de que se “podría” estar cometiendo el delito de microtráfico.

Tampoco el tribunal a quo podría haberla modificado, ni siquiera en uso del artículo 341, inciso segundo, del Código Procesal Penal, porque en el postulado del Ministerio Público no existía sustrato fáctico que lo sustentara.

Ambas hermanas fueron detenidas mientras dosificaban marihuana y pasta base para su venta, y ambas decidieron declarar en contra de la otra luego de ser advertidas por el tribunal acerca del vínculo que las une como parientes, sin retractarse de los dichos incriminatorios entre ambas y sin alegar de forma oportuna la presunta vulneración al debido proceso.

Es carga del recurrente exponer ante este Tribunal, los motivos concretos que le llevan a considerar el alcance de su queja casacional, con todos sus fundamentos y elementos necesarios para su decisión, con clara exposición de su discrepancia, sin que sea labor de este Tribunal intentar hacer conjeturas acerca de la razón de su disidencia.

Las razones entregadas por los sentenciadores deben ser interpretadas dentro de la integridad de la sentencia y no por partes, como pretende la recurrente, toda vez que obedece al razonamiento que los jueces exhiben en su desarrollo, vinculando distintas circunstancias sobre las que recae el enjuiciamiento.

El acusado intentó anular el fallo asilándose que como migrante su conducta anterior en el país es irreprochable, no obstante, de su testimonio, como de los elementos encontrados en su departamento, no se desprende su conducta impoluta previa a la detención, por lo tanto, la circunstancia de no poseer extracto de filiación es indiferente a la magistratura.

La acusada intentó revertir el fallo indicando que los agentes de aduanas no poseen la facultad para registrar sus vestimentas, y que no fue juzgada con perspectiva de género al estar embrazada. El máximo Tribunal expresó que los agentes fronterizos están autorizados por ley a practicar el registro a quienes ingresan al país, y que el estado de gravidez no es una condición eximente de responsabilidad penal.