La Contralora (S) impartió instrucciones sobre aspectos de la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, incluidas reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados.
Al finalizar el encuentro se realizó un reconocimiento a la directora ejecutiva saliente, Macarena Letelier Velasco, quien dejará el cargo el próximo 31 de marzo.
La ley suspende al alcalde en el ejercicio de su cargo cuando ha sido acusado por delito que merezca pena aflictiva lo que constituye una consecuencia que el legislador ha podido incorporar, precisamente, en resguardo del régimen democrático y del principio de probidad, consecuencia que queda debidamente cautela con la intervención del Juez de Garantía que resuelve sobre el auto de apertura de juicio oral.
Por unanimidad, la Sala aprobó en general el texto que propone una serie de medidas que fomentan la transparencia y la rendición de cuentas de todas las instituciones que reciban aportes públicos.
Esto, luego de que la Comisión de Gobierno aprobara en general la norma que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones.
Vulnera los derechos a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, a la defensa jurídica y al debido proceso legal, en su vertiente, del derecho al recurso.
La Suprema Corte estadounidense adoptó su primer Código de Conducta tras varias polémicas que involucraron a sus integrantes. Sin embargo, el texto no incluye sanciones ni mecanismos para obligar a su cumplimiento.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó que la entrega de la información solicitada por ley de transparencia esté cubierta por alguna causal de reserva o secreto.
La Comisión de Gobierno Interior concluyó con la tramitación del articulado del texto, que se encuentra en primer trámite constitucional.
Aborda aspectos sobre el ejercicio del permiso especial creado por la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación.
