En el recurso de apelación se alega que la resolución impugnada ésta permite continuar la tramitación del procedimiento de remoción sin que la reclamante haya cumplido el requisito señalado en el artículo 17 N° 3 de la Ley N° 18.593.
El recurso de apelación fue deducido con ocasión de impugnar la decisión del TER, en que rechazó el incidente de todo lo obrado por falta de emplazamiento legal de la parte reclamada.
El fallo expresó que lo reclamado, esto es, la sentencia del Tribunal Supremo, que procede a la calificación electoral de las elecciones internas, no cumple con los presupuestos procesales para su admisibilidad.
Luego de que se cumplió el plazo de la declaración de candidaturas para las Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales, este 11 de enero, existe una serie de fechas importantes para la aceptación o rechazo de ellas, así como también las reclamaciones posibles, contemplando mecanismos diferenciados.
El alcalde recurrente explica que, la sentencia del TER debe dejarse sin efecto, oponiendo para ello excepción de prescripción de la responsabilidad administrativa.
Los recurrentes alegaron que la sentencia que reclaman es fecunda en trasgredir los artículos 160 y 170 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, que informan sobre los principios formativos del proceso, entre otros, el de congruencia.
El reclamante alega que tenía una clara y seria opción de ser electo candidato de la elección, de no haber concurrido todas las circunstancias y vicios que se señalan en la acción.
La recurrente señala que la Ley N° 18.965 no contempla la hipótesis de la renuncia a la titularidad de un cargo, antes de la sentencia definitiva que resuelve el requerimiento de remoción, y de conformidad con el principio de legalidad, no es posible que por “analogía” se pretenda hacer extensiva una sanción a quien ha renunciado a su cargo o función, invocando la causal de la letra d) del artículo 60 de la LOC de Municipalidades.
Los recurrentes señalaron que denuncian el intento de fraude procesal de la contraparte, ya que, uno de los reclamantes no sería parte de la organización reclamada y que no ha manifestado su decisión de seguir en la organización deportiva.
Los reclamantes alegaron que el proceso careció de las facilidades y prestaciones que sí existieron en los procesos anteriores, por ejemplo, no se dispuso de servicio de movilización de acercamiento por parte del Estado.
