Si el ejecutado solicita -en tiempo y forma- una nueva tasación no resulta procedente fijar el valor del bien conforme al rol de avalúos vigentes, sino que debe procederse a la tasación pericial que es lo que, en definitiva, pretende el requirente. En otros términos, es la inactividad del ejecutado la que habilita a tasar el inmueble conforme al valor señalado en el certificado de avalúo fiscal.

Resulta inconducente pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la nulidad del despido, al haber sido desechada por el juez sin que haya sido impugnada la decisión. La preceptiva impugnada no recibió aplicación en la gestión pendiente ni recibirá aplicación futura, lo que permite descartar que se produzca el supuesto efecto inconstitucional denunciado.

El inciso final del artículo 69 regula una materia reservada a una norma orgánica constitucional al incidir sobre la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. No procede emitir pronunciamiento sobre las demás disposiciones ya que solo abordan cuestiones procedimentales.

El CNTV multó con 50 UTM a empresa de cable que emitió película no apta para menores en horario de protección, sanción confirmada por los ministros recurridos, pero el artículo 33 inciso 2º de la Ley Nº18.838 fue declarado inaplicable por el Tribunal Constitucional.

La norma permite la flexibilidad suficiente para que la autoridad administrativa y los tribunales, revisando lo obrado, puedan determinar el tipo de sanción y la severidad de la sanción específica -en este caso, la cuantía de la multa- en base a criterios o parámetros fijados en forma previa por parte del legislador.

Las inhabilidades de los testigos operan como una garantía frente a la ausencia de imparcialidad de los testigos que presenta un litigante y que podrían afectar a la contraria. Tal disposición supone una limitación razonable a este medio probatorio y no es vulneratoria ni contraria a la igualdad ante la ley.

Será competente ahora para conocer de la acción de prescripción extintiva de los derechos de aseo municipal adeudados el juzgado de policía local de la propia municipalidad acreedora.

Se descarta la falta de razonabilidad y de proporcionalidad, pues la actividad pesquera puede y debe regularse de forma tal que permita la convivencia de diversos derechos constitucionales, fundándose en el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, en el derecho de propiedad privada y en la libertad para adquirir toda clase de bienes.

La norma establece un requisito que implica efectuar una distinción del todo razonable a la hora de contratar con el Estado o acceder a la bonificación: aquellos que no han sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador en los últimos 6 meses y aquellos que sí.

En este caso cual confluyen de forma interseccional diversas categorías de discriminación en una persona, lo que invita a reflexionar acerca del cumplimiento las obligaciones que voluntariamente asumió el Estado de Chile al suscribir diversos tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de personas que han sido históricamente postergadas.