La sentencia del Tribunal Constitucional, además de examinar las garantías y conceptos constitucionales involucrados, sostiene que “… el sólo hecho que el apremio esté justificado en el orden público económico frente a vulneraciones contrarias a la libre competencia permite desechar (…) la presunta afectación de la garantía de la igualdad ante la ley”.

También busca fortalecer el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, reconociendo nuevos instrumentos de deuda y procedimientos simplificados para deudas existentes.

El funcionamiento adecuado de la administración pública constituye un bien de índole constitucional cuya protección podría justificar la limitación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, así como la intervención del derecho penal.

No corresponde este tipo de sesiones fundadas en la excesiva carga legislativa, pues el Congreso debe ser un espacio de deliberación abierta y transparente.

Para el Tribunal Constitucional del Perú la consulta previa de pueblos indígenas y afro no es un derecho fundamental.

La actuaria del sumario administrativo cuenta con atribuciones de ministro de fe, por lo que puede certificar aquellas circunstancias solicitadas por el actor.

La Comisión de Venecia es un órgano especializado del Consejo de la Unión Europea que ofrece recomendaciones generales relativas a materias de interés para el proceso constituyente.

El fallo señala que, la sanción impuesta a la concesionaria de servicios de televisión que reclama en estos autos, resultó proporcional y ajustada a derecho, pues el CNTV teniendo en cuenta la gravedad de la infracción cometida, estimó aplicarle una sanción de multa que, con posterioridad fue declarada inconstitucional.

El actor se limitó a reiterar las alegaciones desarrolladas en el reclamo de ilegalidad, los que no resultan aptos para alterar lo deducido.

El Tribunal Constitucional, actuando de oficio, declaró inconstitucionales las normas que así lo establecían. Antes se habían declarado inaplicables por vulnerar la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.