Puede ser interpretada de forma muy amplia al no señalar a qué tipo de indemnizaciones se refiere.
La requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho a impugnar lo resuelto, cuando dicha sentencia adolece de vicios y errores, la cual -en el caso concreto- no se ajusta a lo resuelto de manera por previa por el Tribunal Constitucional.
No cumple con el requisito en torno a la estructuración argumentativa de un conflicto constitucional claro, delimitado y estructurado vinculado con el caso concreto que se sigue en la gestión pendiente.
La impugnación no argumenta con precisión la manera en que el auto acordado cuestionado afecta el ejercicio de los derechos constitucionales que el requirente estima vulnerados.
Vulnera el principio non bis in ídem.
El requirente estima que el precepto legal objetado vulnera su derecho al recurso y las garantías mínimas del derecho a un proceso justo y racional.
Afecta la garantía de la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica.
Los preceptos impugnados referidos al debate acerca de las pruebas ofrecidas por las partes, a la unión y separación de acusaciones, exclusión de pruebas para el juicio oral, auto de apertura del juicio oral, en el caso concreto, infringen el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y la dignidad.
El precepto legal objetado, al no permitirle a la Corte de Apelaciones concederla afecta flagrantemente la garantía del debido proceso y el contenido esencial de esa garantía.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre solicitud de desafuero seguido en contra de la Convencional Constituyente Paola Grandón González, de que conoce la Corte de Apelaciones de Talca.
