Normas que facultan declarar como un solo empleador a dos o más empresas para efectos laborales y previsionales, se impugnan ante Tribunal Constitucional.
La requirente estima que los preceptos impugnados vulneran el derecho a desarrollar cualquier tipo actividad económica, el derecho a una protección justa y pacífica del desarrollo de una negociación colectiva y el contenido esencial de esas garantías.