La requirente estima que la norma invocada le impone una restricción que no le es imputable desde que se limita su derecho a recurrir por el hecho de que la sentencia previa fue declarada nula de oficio por la Corte de Santiago.

El libelo no desarrolla en detalle los hechos que originaron la gestión pendiente invocada y cómo en ella inaplicabilidad de diversas disposiciones del Código Sanitario generarían las contravenciones constitucionales alegadas.

La requirente sostiene que la sanción-prohibición que automáticamente se impone afecta desproporcionadamente su patrimonio, actividad laboral y comercial, es injustificada, excesivamente gravosa y que no se le admite ningún tipo de defensa.

La requirente alega que, en el caso concreto, las normas invocadas imponen una medida de exclusión desproporcionada.

El requirente estima que su despido fue fundado en el desempeño de sus labores como dirigente sindical y no atendiendo a las funciones que le impone su contrato individual de trabajo.

El precepto legal impugnado fue derogado en virtud de la Ley Nº 21.121, publicada en noviembre de 2018.

La acción no resulta ser la vía idónea al efecto, pues se refiere a medidas disciplinarias propias de las atribuciones del Tribunal Constitucional respecto de los integrantes de dicho órgano.

El tercero apeló de resolución que le ordena poner a disposición del tribunal y del ejecutado sumas de dinero.

Se infringiría la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

Se generan diferencias arbitrarias tanto al imponer la obligación solidaria de cumplir obligaciones contenidas en contratos colectivos en que requirente no participó, como al forzar la negociación con sindicatos que agrupen a trabajadores de cualquiera de las empresas, debiendo respetar el piso mínimo de sus propios contratos colectivos.