Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 4 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la acción se promueve respecto de un precepto que no tiene rango legal.
Con la retención de los fondos de la requirente, se configuraría una verdadera expropiación de facto, donde ni siquiera se ha calificado por una actuación de la ley las razones de utilidad pública o de interés nacional que la justifiquen.
Se estaría privando a alumnos de escasos recursos económicos de recibir educación, y, justamente, la actual reforma educacional apunta a este derecho.
La Inmobiliaria se ve limitada para reclamar dicha tasación, conforme a las restricciones que establecen los incisos segundo y final del artículo 149 del Código Tributario.
Se limitarían a muchos interesados en participar, lo que atenta a un justo precio del bien a subastar. Además, el Tribunal pierde su eficacia y autenticidad en el control de la documentación que recibe.
Cuando la disposición legal objetada introduce la prohibición de instar por la anulación formal de una sentencia definitiva, desconoce el deber de motivar las decisiones y recibir la causa a prueba, vulnerando la garantía de un procedimiento justo y racional y expone injustificadamente a la persona en indefensión.
Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la gestión ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada.
El patrimonio de las requirentes se ve constantemente afectado, sin límite de tiempo e imposibilitada respecto de un freno efectivo a la situación, lo cual puede ser considerado como un enriquecimiento ilícito y sin causa.
Esto, en el marco de diferentes acciones legales presentadas por Eduardo Frei en contra de su hermano, Francisco, quien habría realizado una serie de estafas al administrar fraudulentamente dicha sociedad.
Al rechazarse la petición de cambio de nombre, a fin de que pueda recuperar y reestablecer su identidad, por el solo hecho de haberlo cambiado antes, se afecta la integridad síquica, bien jurídico que supone la plenitud moral de una persona.
