La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Pica y Jaramillo (s) quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento, por concurrir la causal prevista en el artículo 84 N° 5 de la LOCTC, esto es, los preceptos impugnados no resultarán decisivos en la resolución del asunto.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, en actual conocimiento de la Corte de Valparaíso, por recurso de nulidad.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de apelación.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El voto por rechazar destaca que la cuestión planteada es un asunto de mera legalidad, ya que se presenta un conflicto de legalidad en el requerimiento, porque lo reclamado es la falta de motivación del acto administrativo que impuso las multas, lo cual corresponde a los jueces del fondo, ya que implica juzgar la actuación de la Administración.

La sentencia expresa que la cuestión constitucional no radica en elucidar si una Ley de Reforma Constitucional requiere o no de esa iniciativa presidencial, sino que revierte en determinar si el legislador a través de una enmienda constitucional tiene o no competencia para avocarse la materia, atribuirle la condición de reforma constitucional a lo que en el fondo es una ley, y actuar de esta forma paralelamente con el Jefe de Estado, o relevándolo derechamente en su función como colegislador.

La gestión pendiente incide en proceso penal seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

En su resolución, la Magistratura constitucional sostuvo que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, cuando no exista gestión judicial pendiente en tramitación.