La requirente alegó que se vulnera la autonomía municipal al obligársele por el juez a reincorporar a un funcionario a contrata y que tal prerrogativa no le ha sido conferida expresamente a los tribunales de justicia.

El derecho de impugnación no alude a un recurso en específico. La decisión de sustituir o modificar el sistema de acciones y recursos es un asunto que −en principio− debe ser decidido por el legislador dentro del marco de la deliberación democrática. Si no proceden otros recursos ni ordinarios ni extraordinarios, siempre la sentencia será recurrible por vía del Recurso de Queja argumentando que ha habido falta o abuso grave en su dictación.

Del requerimiento queda de manifiesto que el supuesto efecto inconstitucional denunciado no se deriva de la aplicación del artículo 34 de la Ley N°18.216, en su parte impugnada, sino de los artículos 127 o 128 de la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería que, en todo caso, estarían destinados a ser aplicados en un procedimiento administrativo futuro y eventual, por lo que solo cabe omitir el pronunciamiento a su respecto.

La Magistratura desestimó la cuestión de constitucionalidad promovida por el Diputado Mathenson. Los Ministros Letelier y Vásquez estuvieron por declarar inconstitucional la totalidad del proyecto, con excepción de dos artículos

El artículo 418 contraviene el artículo 61 de la Constitución, pues el desafuero sólo es apelable en caso que el Tribunal acoja la solicitud, lo que no ocurrió en los casos del diputado Jaime Mulet y de la Diputada María Gloria Naveillán.

Como se ha asentado en ocasiones anteriores, si bien una de sus salas puede dar por cumplidos los requisitos de admisibilidad, el pleno de este Tribunal puede formular rechazo formal acerca de la procedencia de realizar un requerimiento como resultado del examen que le compete realizar. En el caso se da justamente tal situación, pues el requerimiento adolece de defectos que conducen a su rechazo.

El legislador en pos de una política criminal acorde con un estado democrático, introdujo al artículo 8° un nuevo requisito tratándose de los condenados por delitos contra la propiedad, en especial al condenado por receptación, para que así éstos tengan sanciones ejemplares de cumplimiento efectivo de la pena, y lograr disminuir la reincidencia al agregar un nuevo requisito para acceder a la pena sustitutiva.

El autor opina que el mal uso de la interpretación evolutiva ha permitido al Tribunal Constitucional decir que la Constitución dice lo que no dice, o decir que la Constitución dice lo contrario de lo que dice, lo cual es sorprendente. «Esta manera de interpretar la Constitución ha permitido recientemente al Tribunal Constitucional incluso crear derechos constitucionales a pesar de que estos solo pueden ser creados por la Constitución», afirma.

El Tribunal Constitucional acogió la solicitud de suspensión de la gestión pendiente luego de que la Gobernadora Regional presentara un requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 23 sexies, inciso cuarto, de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.

Particulares dueños de predios superficiales presuntamente afectados por solicitudes de ampliación de servidumbres para trasladar agua desalada hacia las faenas de una empresa minera, pidieron que se declare inaplicable el bloque jurídico completo del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras que las regulan, sosteniendo que la petición de ampliación debía tramitarse conforme las normas que regulan las servidumbres en el Código Civil, en un juicio de lato conocimiento.