Con independencia de que tan amplias posibilidades de acceso pudieran, en su caso, colisionar gravemente con los derechos a la intimidad y dignidad de los trabajadores; lo cierto es que tales criterios debieron ser fijados con la participación de los representantes de los trabajadores, tanto en atención al discutible contenido de los mismos, como a su contenido de especificación novedosa de anteriores instrucciones.
Nos hallamos ante una norma penal que constituye un supuesto de comisión por omisión específicamente regulado.
Entre los hechos objeto de acusación y los enjuiciados ha de existir esencial identidad. Ni siquiera puede desligarse el Tribunal de esa vinculación al sustrato fáctico. No está habilitado para introducir hechos nuevos incriminatorios. Admitirlo supondría un quiebre del principio acusatorio y, singularmente, del derecho de defensa.
Sólo podrán invocarse preceptos penales sustantivos u otras normas jurídicas del mismo carácter, por lo que queda absuelto del delito de coacciones el ex marido que puso en dos oportunidades un GPS en el vehículo de su ex mujer, sin su conocimiento ni consentimiento.
Aunque el Ministerio Fiscal solicitó la atenuante, postuló una pena que fue precisamente la pena impuesta por el Tribunal, no vulnerándose el principio acusatorio.
El empresario fue condenado a un año de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores.
La palabra de un testigo, sin ninguna otra prueba que permita confirmar hechos referenciales al motivo de lo acusado, si bien puede ser suficiente para una condena, exige una fundamentación objetiva y racional que supere el apoyo sobre la mera credibilidad de ese testimonio. Es necesario explicar por qué ese testimonio es creíble, o por qué no lo es la declaración de los imputados que contradicen la acusación.
La testigo de la defensa, esposa del acusado y abuela materna de las víctimas, manifestó que no quería declarar y se marchó de la sala, por lo que se refuerza la evidencia de que los hechos sí ocurrieron.
Aún en la hipótesis de que el comportamiento no fuese acompañado de un deseo de satisfacción del apetito sexual o de obtener placer de esa naturaleza por parte del acusado, estaríamos ante una tipicidad que hoy se concibe como predominantemente objetiva: una invasión no consentida en la libertad sexual de otra persona.
El despecho de la víctima, con ocasión de que el imputado terminó la relación abierta, no determina, per se, la incredibilidad subjetiva de las declaraciones relativas a la forma de conocimiento y contacto o a la realidad de las relaciones sexuales que mantuvieron semanalmente durante unos tres meses.
Para apreciar la vulneración del principio non bis in idem es menester que se dé la triple identidad de hechos, sujetos y fundamento jurídico en dos o más sanciones al mismo sancionado.
