En noviembre de 2022, la demandante denunció el acoso laboral de un sacerdote miembro del directorio del Colegio, y en enero de 2023 fue despedida por “necesidades de la empresa”. La actora acreditó ante la magistratura que el despido fue un acto de venganza empresarial por la denuncia, pues el cargo que desempeñaba sigue vigente, y su continuidad en la institución sólo se cuestionó luego de dar cuenta del acoso.

El empleador hizo un uso constante del pacto de horas extraordinarias, desvirtuando su naturaleza accidental a una permanente, por lo tanto, al acoger la demanda de despido injustificado, la magistratura incluyó las horas extras como parte de la base de cálculo de la remuneración para efectos del pago de indemnizaciones y recargos.

El recurrente intentó obtener la declaración de relación laboral, no obstante, los elementos que señaló como indicios de laboralidad fueron considerados por el máximo Tribunal como parte de la natural preocupación que demuestra una persona a la que se ha encomendado una tarea específica a otra, y no sirven de sustento para invocar subordinación o dependencia hacia la demandada.

El máximo Tribunal indicó que la caducidad de la acción de tutela no puede ser declarada por los jueces del fondo si el procedimiento se inició con una medida prejudicial de exhibición de documentos, ya que tal gestión interrumpe el plazo del artículo 168 del Código del Trabajo; por ende, los recurridos vulneraron el derecho a tutela judicial efectiva del trabajador al dejarlo en indefensión.

La Cuarta Sala del máximo tribunal consideró que no existen sentencias de contraste con el fallo impugnado.

Los ministros recurridos confirmaron la resolución de primer grado que no dio curso a la tramitación de una demanda de despido injustificado, esgrimiendo que el actor al presentar una medida prejudicial anunció la interposición de una tutela laboral, y en subsidio, la acción de despido improcedente, ejerciendo finalmente solo ésta última, lo que el sistema no habilita.

Funcionario del municipio de Pedro Aguirre Cerda, no pudo acreditar la sujeción a un superior, y sumado al hecho que ejercía un cargo de exclusiva confianza del alcalde, el máximo Tribunal estimó que el vínculo contractual entre las partes era uno de naturaleza estatutaria, y no de índole laboral como pretendía el actor.

La dirección del establecimiento donde los educadores trabajan, los obligó a realizar horas de clases en el ramo de Filosofía, sin considerar otras opciones propuestas por los profesores, y estando en conocimiento que los demandantes “no son expertos en el área”, lo que en opinión del tribunal es una vulneración a la libertad del trabajo de los profesionales, al destinarlos a otra función que no es similar a la que fueron contratados originalmente.

El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia de la empresa estatal, quedando así a firme el fallo de primer grado que condenó a la demandada por despedir a un trabajador en razón de su edad, y le otorgó al demandado la opción de reincorporarlo a sus labores, o pagarle una indemnización.

La actora denunció la vulneración del derecho a la vida con ocasión del despido, alegando estar embrazada al momento de ser desvinculada, hecho que no acreditó en juicio, como tampoco pudo probar haber sufrido alguna enfermedad que le impidiera acudir al trabajo durante cuatro meses, por lo que el tribunal desestimó su acción.