Las multas se añaden a otros montos acumulados por la empresa. Para poder reanudar sus operaciones, X deberá saldar el total de las sanciones. Por otro lado, el propietario de X, Elon Musk, ha expresado desacuerdo con las medidas adoptadas por el juez Moraes en diversas declaraciones públicas.
Determinó que los reclamos presentados por X no estaban justificados legalmente y que la CCDH estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en un tema de interés público al denunciar discursos de odio en línea.
La plataforma habría hecho promesas verbales a los empleados, asegurando que recibirían el 50% de sus bonificaciones de 2022 si permanecían en la empresa durante el primer trimestre de dicho año, tras la adquisición por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares. Sin embargo, los bonos nunca fueron pagados.
Se acusó a la compañía de no responder las consultas realizadas por la Comisión, relacionadas con el material de abuso infantil existente en la plataforma. Así, X no habría señalado el tiempo necesario que requiere para abordar los informes de material de abuso infantil y los métodos utilizados para detectar estos ilícitos.
Presentamos esta demanda para reivindicar nuestros derechos contra CCDH, así como contra cualquier patrocinador y financiador actualmente desconocido que, entre otras cosas, haya dirigido, instruido, actuado como agente o en concierto con, y/o que haya participado de manera significativa en la conducta ilegal de CCDH, como se alega en este libelo.
El proceder del recurrido se aparta de un comportamiento racional dentro de una sociedad en la que existe un estado de derecho que no lo faculta a ejercer una suerte de actos de autotutela emocional.
La memoria histórica y los mecanismos que permitan superar de una vez por todas las heridas de la Guerra Civil -entre los que se encuentra la no exhibición de simbología relacionada con la dictadura sufrida- son cuestiones de máximo interés público, político y moral.
Se afirma que es una buena noticia, que escogieron la muerte por ingresar a un cuerpo militar “matón” en vez de estudiar, son “perros bastardos” y “perras putas”. Tales expresiones carecen de la gravedad injuriante que el tipo penal aplicado reclama. No sugieren actuaciones al margen de la ley o vulneradoras de derechos, que pudieran comprometer la dignidad y el prestigio de la institución, resuelve el Tribunal Supremo de España.
El Tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción al no ser el recurso de protección la vía idónea para reclamar por el supuesto incumplimiento de las obligaciones convenidas entre las partes.
El constituyente procuró dispensar una protección efectiva al parlamentario, a fin de permitirle el amplio ejercicio de la libertad de expresión cualquiera que sea el ámbito espacial en que se manifieste, incluso fuera del Parlamento, siempre que las declaraciones realizadas por el miembro del Poder Legislativo estén vinculadas al cumplimiento del mandato o hayan sido pronunciadas en razón del mismo.
No es la primera demanda por rentas impagas deducida contra la compañía de Elon Musk, que ha tenido dificultades financieras a causa del éxodo de anunciantes publicitarios. Ha debido afrontar demandas en Estados Unidos y Reino Unido.
