Aunque los motivos alegados por el Consejo puedan servir para demostrar, en su caso, cierta proximidad de Aven y Fridman con Vladimir Putin o con su entorno, no prueban que hayan apoyado acciones o políticas que comprometan o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
La autoridad habría recibido millonarios pagos de un empresario ucraniano residente en Francia, que buscaba obtener un resultado favorable en un litigio judicial. Las investigaciones siguen en curso, pues se sospecha que el caso esconde un intrincado esquema de corrupción.
No existe una perspectiva concreta de que el empresario y/o sus familiares puedan hacer uso personal de la propiedad ahora o en el corto plazo.
Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.
La demandante no usó ningún comentario insultante u ofensivo sobre la autoridad ni adoptó postura en cuanto a la culpabilidad de las personas involucradas, sino que simplemente relató la secuencia de hechos que había presenciado en el camino. Por lo tanto, no se le puede imputar mala fe.
Dado que la asociación entre la demandante y su hijo no se establece mediante vínculos económicos o de capital o por la existencia de intereses comunes que los vinculen en el momento de la adopción de los actos impugnados, es evidente que la inclusión del nombre de la demandante en las listas en disputa se basa de facto únicamente en el vínculo familiar entre la demandante y su hijo.
La difusión de noticias falsas que generen graves consecuencias será castigada con hasta 15 años de cárcel. Su aprobación se da en un contexto de cuestionamientos al gobierno de Putin por el curso de la guerra en Ucrania. Las autoridades hacen frente a una ola de protestas que ya han dejado más de 7.000 detenidos.
En Ucrania, todavía no sonó la hora de la justicia. ¿Es posible esperar la paz sin justicia? ¿Cómo llegar a una tregua con el enemigo que está en el origen mismo del «terror y el asesinato»? Análisis del abogado y antiguo diplomático francés François Zimeray.
¿Puede ser acusado Vladimir Putin ante la justicia por los crímenes de guerra cometidos por los soldados rusos en Ucrania? El abogado ginebrino Philippe Currat no esconde su escepticismo.
El Departamento de Estado estadounidense cree que hay un hombre que puede poner fin a la guerra en Ucrania y ese hombre no es el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. Beth Van Schaack, embajadora extraordinaria de Estados Unidos para la justicia penal mundial, explica los retos que plantea la investigación de crímenes de guerra y las dificultades para llevar ante la justicia a líderes en el poder.
Consternada por el descubrimiento de fosas comunes en Ucrania, Carla Del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional, considera al presidente ruso Vladimir Putin responsable de la agresión. Para ella, se trata de un crimen ya probado.
