El fallo modifica el criterio generalmente sostenido por el máximo Tribunal.
Los organismos denominado fiscales no pertenecen, sino que representan al Fisco.
El máximo Tribunal estableció que el recurrente no explicita la materia de derecho respecto de la cual solicita unificación de jurisprudencia.
El actor se desempeñaba como fiscalizador de la Subsecretaría de Transporte.
La actora se desempeñaba como asesora técnica de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El Máximo tribunal coincidió con la decisión adoptada en la sentencia impugnada.
El actor se desempeña como administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El máximo Tribunal estableció que la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, hizo una correcta aplicación del derecho, al confirmar la responsabilidad solidaria del Fisco con la empresa subcontratada.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio deducido, tras establecer que la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, no emitió pronunciamiento sobre la materia de derecho que se pretende unificar.
Los razonamientos esgrimidos en la sentencia impugnada constituyen la tesis correcta.
