Se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual no se alegó la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido.
Al ser controvertida la existencia de la deuda, dicho asunto debe ser discutido o exigido en la instancia judicial correspondiente mediante la interposición de las acciones judiciales respectivas, resultando ilegítimo utilizar cualquier medio de presión para obtener el pago, como sería la no entrega del título profesional de Doctora en Derecho.
Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.
La Universidad de Chile alega que la aplicación de los preceptos impugnados vulnera el principio de servicialidad del Estado, además de las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso y propiedad.
Aplica el artículo 8 de la Ley 19.820, que obliga al Ministerio a entregar en comodato el inmueble del Liceo a la UCH (como su entidad responsable) con la finalidad de que se destine de forma permanente como sede del establecimiento secundario.
La Casa de Estudios alegó que se extendía el principio de publicidad más allá de lo que la Constitución permite.
En el acuerdo, aprobado por la Sala de la Cámara, se alerta respecto de la forma en que se está ejecutando el convenio “Más amplitud, más voces, más democracia”, por la participación de personas que pueden afectar derechos como la libertad de expresión.
El principio de transparencia de la función pública obliga sin distinción a todos los órganos públicos y exige de éstos que den a conocer sus actos y fundamentos, dado que aquello también se relaciona con el derecho de las personas a ser informadas.
La universidad cuenta con la autonomía para fijarse las normas que contengan los requisitos para obtener un título universitario. Por ende, ante el incumplimiento de una de esas condiciones, se encuentra justificada la negativa en su entrega.
La Contraloría General de la República permite el cese de sus funciones mediante una ponderación especial contenida en un acto de aplicación general, de carácter anual para todos los docentes, y que resguarde las garantías de un procedimiento objetivo, justo y racional.
