Resulta extremadamente grave que por medio de una sentencia judicial deba recordársele a una Casa de Estudios Superiores como la Universidad de Concepción, conceptos básicos en materia de Derechos Fundamentales como la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta como ilegal y/o arbitrario, tal cuestionamiento debe ser esclarecido y declarado en un procedimiento de lato conocimiento. Además, la controversia se encuentra planteada en la justicia civil ante la cual se persigue el cobro, por lo que se encuentra ya bajo el amparo del derecho.
El Tribunal de alzada ordenó al Juzgado de Garantía de la ciudad tramitar la querella presentada por la Universidad de Concepción, en calidad de víctima, y remitir los antecedentes al Ministerio Público.
La medida de suspensión se encuentra cumplida atendido el lapso de la misma, y se aclaró que la suspensión no se extendía a las actividades académicas, por lo que la acción constitucional entablada ha perdido oportunidad.
El máximo Tribunal estima que la recurrida no tuvo en consideración las circunstancias que afectaron al personal médico de primera línea, e impuso arbitrariamente exigencias académicas excesivas.
Los hechos denunciados implican una amenaza al derecho de propiedad de los recurrentes, ya que se instala un manto de dudas respecto de los beneficios que conlleva la calidad de socios y el hecho de serlo.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que rechazó el registro de la marca Clínica Universitaria de Concepción en determinados rubros y acogió los arbitrios en aquellos en los que se habían concedido.
La Corte de Apelaciones de Concepción estimó que las clases tutoriadas es una medida lejos de ser arbitraria o ilegal.
