La magistratura sostuvo que la Universidad no cuestionó la publicidad de la información solicitada respecto de la ex convencional, esgrimiendo sólo una presunta falta de quórum para sesionar por parte del Consejo para la Transparencia; tesis que fue desestimada por los jueces de fondo, al observar que no existen causales para mantener en secreto los antecedentes académicos de Loncón.
Los recurridos actuaron en uso de sus legítimas atribuciones, con fundamento en las disposiciones legales, reglamentarias y autos acordados que justificaron su decisión.
Si bien la deliberación sobre el estatuto orgánico tiene que desarrollarse mediante procesos participativos en que intervengan los distintos estamentos de la comunidad universitaria, lo cierto es que las propuestas planteadas al Consejo Académico no son en ningún caso vinculantes.
Al tratarse de una cuestión de naturaleza académica, la vía jurisdiccional es improcedente, ya que la decisión compete al órgano universitario que reprobó su práctica profesional.
En razón del Convenio de Colaboración Académica entre el Ministerio de Educación y esas Universidades corresponde que el actor rinda su examen de grado ante la USACH.
La gestión pendiente incide en autos sobre cumplimiento laboral, seguido ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la universidad al sancionar al académico.
