La agresión a una mujer es una violencia estructural que encuentra su fundamento en las relaciones desiguales y jerarquizadas entre los sexos, e impone la obligación de analizar las situaciones respecto de las cuales se debe decidir con una adecuada perspectiva de género.
La cuestión traída a conocimiento tiene como eje medular situaciones de violencia intrafamiliar y de género que persisten, lo cual puede corroborarse con las reiteradas desobediencias del agresor a las órdenes judiciales impartidas. En este escenario, resulta impostergable la imposición de otros dispositivos capaces de brindar una protección integral a la mujer, a la vez que sirvan para proscribir el comportamiento abusivo del demandado hacia su ex pareja.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) no solo no es un síndrome diagnóstico, sino que estaría inhabilitado para expresar un diagnóstico y enunciar un tratamiento a seguir. Por lo tanto, metodológicamente sobre la base del SAP, no se puede hacer diagnóstico ni pronóstico, ya que, carece del estatus clínico necesario.
La mujer mostraba características propias del Síndrome de Adaptación Paradójica, en virtud del cual las mujeres víctimas de violencia de género desarrollan un paradójico vínculo afectivo con el maltratador, llegando a justificar su proceder, aceptar sus excusas y arrepentimientos luego de cada agresión y descartar la posibilidad de denunciarlo o de abandonarlo.
La Directiva 2011/95 debe interpretarse de conformidad con el Convenio de Estambul, que vincula a la Unión Europea y reconoce la violencia contra las mujeres como una forma de persecución. Además, podrán obtener el estatuto de refugiado si, por razón de su sexo, están expuestas en su país de origen a actos de violencia física o psíquica, incluidos actos de violencia sexual y violencia doméstica.
La afectada fue víctima de violación sexual perpetrada por cinco reclusos, no se le brindó atención médica especializada, ni se tomaron medidas para proteger su integridad, se la trasladó a un recinto hacinado y el proceso penal en su contra se prolonga por más de 20 años.
Los demandantes fueron capaces de asumir una posición dominante sobre las mujeres que habían reclutado y de abusar de su vulnerabilidad para explotarlas con el fin de proporcionar servicios pornográficos, incluso mediante engaños. Además, habían utilizado la “servidumbre por deudas” y la coerción en diversas formas, entre otras tácticas, como medios para controlar a sus víctimas.
Es necesario que denote el deseo de causar sufrimientos adicionales a la víctima innecesarios para causar la muerte. Sufrimientos físicos e incluso mentales ya que no puede descartarse el ensañamiento moral que somete a quien lo padece, incluso sin dolores, a una angustia psíquica tan insoportable como el daño físico.
Una comprensión e interpretación sistemática de la Constitución exige que la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad asuman el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que, en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que la mujer encuentre la protección de sus derechos.
La situación de riesgo es susceptible de continuar y exacerbarse con el tiempo, al guardar relación con labores de defensa de derechos humanos y la persecución de los agresores, a la luz de las denuncias presentadas, de tal forma que resulta necesario reforzar de manera inmediata medidas para salvaguardar los derechos de las afectadas.
Los hechos constituyen el delito de violencia contra la mujer en su modalidad de amenazas, ya que todas las expresiones e intentos de comunicación por parte del acusado fueron ejercidas con la intención de atemorizar y menoscabar – e forma flagrante- la integridad psíquica y moral de la víctima.
