La violencia digital o telemática es toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar.
La doctrina constitucional ha admitido de forma indubitada el carácter constitucional de las medidas de acción positiva, declarando que tienen esta condición aquellas normas legales, resoluciones judiciales y administrativas que se dirigen a dotar de un contenido material el principio de igualdad, aunque aparentemente parezcan contrarias a este principio.
La violencia digital es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual.
Tras analizar el testimonio de la denunciante y su familia, así como la guía del funcionamiento de la red social Tik Tok, ninguna duda cabe albergar en cuanto a que las solicitudes de seguimiento no se producen de forma automática sino que son fruto de una acción expresa por parte de otro usuario que quiere contactar.
No se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de la Universidad el que ha motivado la actuación que se reclama, sino únicamente la cabal observancia de las normas de los reglamentos internos universitarios.
Conocida como “Ley Karin”, modifica la figura del Acoso laboral que no requerirá reiteración y podrá ser ejercida por una sola vez. Además, incorpora el concepto de violencia en el trabajo como aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral como clientes, proveedores o usuarios, u otros.
«Si el hombre se aprovecha de una mujer que está embriagada es violación y conlleva una pena de 6 a 12 años de cárcel, de acuerdo con la reforma del Código Penal contenida en la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril. Es el artículo 179.2», explica el magistrado.
Se encuentra acreditado que la situación de violencia de género sufrida por la actora y el fallecimiento de su madre habrían dado lugar a un cuadro generador de desajustes conductuales, que pudo haberla llevado a no conectarse con sus obligaciones habituales, entre las que podía estar incluida la omisión de solicitar las licencias médicas a través del sistema informático.
La protección del interés superior de los menores no implicaba que la autoridad pudiera desconocer las garantías procesales y sustanciales de las que la accionante era titular por ser víctima de violencia intrafamiliar. Aun en aquellos casos en los que existe un contexto de agresiones recíprocas, las mujeres que han sido agredidas física y psicológicamente tienen derecho a ser escuchadas en los procesos ante las autoridades de familia.
La falta de competencia de la universidad para investigar y sancionar los hechos denunciados no implica desconocerlos, restarles gravedad o verosimilitud a la versión de la denunciante, empero ello no desvirtúa la circunstancia esencial de que es otra la autoridad llamada a llevar adelante dicha investigación y aplicar, si procediere, alguna reprensión.
La falta por la que ha sido sancionada la demandante reviste una cierta gravedad y no se considera que la misma, en este caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias, haya de ser atenuada por el alcoholismo que pudiera padecer la demandante, el cual puede incluso constituir una segunda falta disciplinaria.
