El concepto nace de las normas establecidas en la Constitución Política de la República, que indican la regulación concreta e integral de la actividad económica en nuestro país, la cual se extrapola al ordenamiento jurídico en sus distintas disposiciones normativas.
El concepto de Orden Público Económico debe ser entendido como un conjunto de principios de tipo axiológicos que buscan guiar el comportamiento de todos los actores y elementos que se encuentran dentro de los que integran la economía en un lugar y espacio determinado. Se enfoca en obtener de forma segura la máxima realización de los individuos, bajo el respeto de la moral y las buenas costumbres como elementos esenciales de todo ordenamiento jurídico, buscando contribuir al fomento y desarrollo del bien común, bajo el amparo de los valores y máximas de la economía establecidas por el propio mercado.
El orden público económico es el elemento que autoriza a la autoridad a implementar y ejecutar medidas económicas en cautela de la estabilidad de una economía, pudiendo restringir o fomentar el ejercicio de las actividades permitidas por el ordenamiento jurídico por parte de las personas, teniendo como límite el respeto de las garantías “ius fundamentales”.