Se ha idolevantado con el tiempo la idea de que el autocultivo de cannabis para uso recreacional y (hasta hace poco) el medicinal, son plenamente legales, lo cual es falso. Esto se evidencia en los múltiples procesos penales que se han abierto en contra de personas normales y corrientes que han cultivado especies de cannabis en sus hogares, ya sea para uso medicinal o para uso recreativo.
La doctrina ha entendido que se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud pertenecientes al ámbito público o privado, que no sean consensuados o apropiados, tales como intervenciones dolorosas, episiotomías sin consentimiento, partos en posición determinadas o medicamentos excesivos. Pero esta violencia también puede ser psicológica, como cuando se trata a la usuaria con tono infantil, paternalista, autoritario o despectivo.
El pasado miércoles 4 de enero de 2023, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.521, que entró en vigencia el 3 de febrero del mismo año y que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Junto con esta, se produjeron modificaciones relevantes a la Ley sobre Sociedades Anónimas, la Ley de Mercado de Valores y el Código de Comercio, entre otros.
Hace ya más de un año comenzó a regir la nueva ley Pro Consumidor, la cual busca poder dar mayores garantías a todos los consumidores respecto a los productos adquiridos en el mercado establecido y la vida útil de estos, subiendo así los estándares de calidad que debe contar todo producto que se comercialice en el país; y en el caso de no cumplirse, amplia los derechos de las personas permitiéndoles una serie de herramientas jurídicas para poder encontrar soluciones que buscan ser rápidas y efectivas.
La ley 21.389, que crea el “Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos” es una normativa que viene en proteger los derechos de los niños, niñas y adolecentes, y que castiga duramente a los infractores de ley.
En el marco de una política de igualdad de género y no discriminación, la Corte Suprema aprobó en 2018 la creación del cuaderno de buenas prácticas con el fin de incorporar la perspectiva de género en los fallos de los tribunales de justicia de nuestro país.
La compatibilidad entre la maternidad con el mundo del trabajo ha sido objeto de variadas políticas de Estado desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XXI hasta la actualidad.
Durante los últimos años el término “educación cívica” ha estado como nunca antes en el centro de la discusión ciudadana, algo que no es para menos, si tomamos en cuenta que en un periodo relativamente breve (2019-2022), el país ha estado marcado por una serie de acontecimientos, como el estallido social, la pandemia del Covid-19, el inicio de un proceso constituyente, la elección del presidente de la República más joven (elección que para muchos era una señal de cambio absoluto), para luego ver cómo la propuesta de Constitución fue finalmente rechazada. Siendo así, cabe preguntarse ¿es acaso el fracaso de esta instancia, un reflejo de la escasa educación cívica que se ha visto en Chile desde el retorno a la democracia?
El estudio realizado por la INDH, consideró 40 recintos penitenciarios, y se pudo apreciar la existencia de personas que padecen esquizofrenia, depresión, trastornos del sueño, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad o adicciones, sin embargo, no existen profesionales de la enfermería que estén destinados a tratar estas afecciones o bien son muy escasos.
La Ley Antiterrorista en Chile, redactada y publicada durante el gobierno militar, es una ley que a lo largo de los años no ha estado ajena a discusiones, esto último debido especialmente a los reproches que se han efectuado en materia de Derechos Humanos.
En el reportaje conoceremos la normativa vigente que trata esta materia, una querella criminal pendiente, jurisprudencia y el proyecto de ley que busca regular estas prácticas.
Las citadas ordenanzas sancionan directamente las conductas de efectuar graffitis, murales, rayados sin permiso del propietario de los bienes donde se realizan. El Código Penal y la Ley N° 17.228 penan la conducta, de manera indirecta, a través de la falta o delito de daño.
Con el fin de prevenir los efectos devastadores de futuras pandemias, Chile ha estado impulsando un tratado internacional que busca asegurar una mejor preparación y respuesta a ellas, basándose en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. Una iniciativa de esta índole ayudaría a evitar retrocesos sustanciales en el camino hacia el desarrollo. Los ejes programáticos gubernamentales, así como una respuesta integrada a los desafíos actuales se han conjugado en 2 pilares estratégicos consistentes: crecimiento sostenible y cambio climático, y las personas al centro del desarrollo.
Actualmente, la mediación, como equivalente jurisdiccional, está incorporado en el sistema legal chileno para determinadas materias y procesos judiciales, como lo son, aquellos que regula la Ley Nº19.966, que crea el Régimen de Garantías en Salud, las materias de familia reguladas en la Ley Nº19.968 y también, en algunos conflictos regulados en la Ley Nº17.336 sobre Propiedad Intelectual.
Los inmigrantes hoy en día son asociados a distintos tipos de delitos, y esta es una percepción que tiene la sociedad y que se ha ido forjando a lo largo de los últimos años, teniendo una directa y gran incidencia en este factor los medios de comunicación sensacionalistas, los cuales al momento de informar a la población, generan un cierto grado de rechazo en las personas hacia la población inmigrante al enfocarse mayoritariamente en los delitos que son cometidos por un extranjero en territorio nacional, lo cual deriva en un ambiente hostil para las personas inmigrantes, y la impresión de la existencia de un desbande migratorio en el país.
Los jueces tienen el poder de discernir con autonomía si están en presencia de narcotráfico, generando una ambigüedad en sanciones para los consumidores recreativos que se encuentran fuera del mundo del marco legal.