La Estrategia Nacional del Litio es un paso crucial para que Chile capitalice su riqueza en litio y participe activamente en la transición energética global, siempre que se aborden adecuadamente los desafíos y se aprovechen las oportunidades que ofrece este recurso estratégico.
La semana pasada, el presidente del Senado, José García Ruminot, calificó de “avance significativo” la aprobación del proyecto que mejora la persecución penal. Sin embargo, el proyecto aludido no incorpora mecanismos que apunten a la reinserción social para quienes reinciden en los delitos, deviniendo así en un punitivismo puritano".
La propuesta presentada este pasado 28 de marzo, busca garantizar la justicia y evitar la impunidad en los crímenes de odio, especialmente aquellos dirigidos hacia la población trans y LGBTIQ+.
Es importante comprender que este proyecto de ley, más allá de proponer la tipificación de nuevos hechos punibles y agravar las penas en caso de que se incurran en conductas de antropofagia, se encuentra enmarcado dentro de un contexto cultural cambiante en nuestro país y que inevitablemente se ha visto impregnado por los efectos de una inmigración descontrolada.
La Ley establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas. En este sentido, cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión (cárcel) es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que busca esta nueva legislación es evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados desempeña un rol clave en la discusión y votación del proyecto de ley. Esta propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos.
Desde Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aplaudieron la creación de la Comisión contra la Desinformación, la que deberá emitir dos informes: el primero enfocado en "ordenar el estado del arte" del fenómeno, y el segundo, para formular "orientaciones y recomendaciones" para el desarrollo de políticas públicas.
La ley busca resguardar los derechos de las víctimas de delitos sexuales que sean menores de dieciocho años, para evitar la victimización secundaria en el proceso penal.
La propuesta presentada el año 2017, busca permitir que mujeres con hijos menores de 2 años, y embarazadas, no cumplan su condena en la cárcel. Hoy, se encuentra lista para ser votada en Sala.
Con un objetivo de protección a la vida privada, el derecho al olvido financiero busca que las conductas financieras pasadas no impidan las oportunidades financieras del futuro.
El proyecto se traduce en reducir una cantidad de trámites significativos, incluyendo la participación de notarios en la gestión de ellos, particularmente en procedimientos administrativos y sustituyéndolos por declaraciones simples o por firma digital avanzada.
Chile lleva más de 2 años intentando redactar una nueva Constitución. En su origen, el país levantó un órgano que fue protagonizado por actores de izquierda e independientes. Ahora, un Consejo Constitucional diseñado por las fuerzas políticas con representación de los partidos políticos, y dominado por la derecha, será el encargado de escribir una nueva Carta Magna.
El interés por el nuevo proceso es bajo. Tal vez demasiado. Así lo demuestran los datos y el ambiente que se vive en las calles. Luego de la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida, pareciera que gran parte de la ciudadanía está lista para cerrar el capítulo constitucional. Las intenciones refundacionales dieron lugar a la apatía y cabe preguntarse si este nuevo proceso constitucional puede, o quiere, cambiar esto.
La ley modifica el Código Penal para establecer que la prescripción de la acción penal del delito de abuso sexual será de diez años; que para la cuantía de la pena se considerará la afectación física y mental de la víctima; y que en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento, se incorporarán medidas de protección a la víctima y su familia.
En un proceso de análisis desde el enfoque de género se incorpora la necesidad no sólo de analizar las leyes formalmente promulgadas, sino también identificar el contenido de las disposiciones legales, cómo están siendo aplicadas y la necesidad de valorar el impacto que tienen las leyes. Utilizar el enfoque de género como herramienta de análisis del fenómeno jurídico permite comprender que las leyes no son neutrales y por lo tanto no tienen iguales efectos en hombres y mujeres pues la historia nos ha demostrado que sólo formalmente somos iguales ante la ley.
El objetivo es establecer y regular el derecho de estudiantes de educación superior que se encuentren en situación de embarazo, de maternidad, paternidad o que tengan el cuidado personal de un niño o niña o que acrediten tener el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia, con el fin de asegurar la conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas, en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar del cuidado.